En una fallo dictado el pasado viernes el Dr. Santiago Cremonte, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial nº 3 de Dolores, ordenó al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) la entrega inmediata a una afiliada de un “dispositivo de seguimiento visual”, el cual le permitirá comunicarse con su hija menor discapacitada.

Las actuaciones judiciales se habían iniciado en el Juzgado de Paz Letrado del Partido de La Costa,   ante una presentación de una afiliada al IOMA en representación de su hija menor de edad discapacitada, a través de la cual solicitaba se ordenara a la Obra Social la entrega inmediata de un “dispositivo de seguimiento visual” que le permitiera comunicarse e interrelacionarse con ella. Asimismo se peticionaba que la entrega fuera inmediata, con carácter urgente y con una cobertura del 100 %.

En aquella oportunidad el Juez interviniente, entendiendo que el objeto de la medida cautelar era idéntico al objeto del amparo, difirió el tratamiento de la medida solicitada para la oportunidad en que quedara trabado el juicio, lo que ocurrió cuando la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires en representación de IOMA contestó la demanda.

Ahora el Juez Santiago Cremonte al resolver consideró que la preservación de la salud, que integra el derecho a la vida, conlleva una obligación impostergable de las autoridades públicas de garantizarla mediante la realización de acciones positivas. Que ese derecho está reconocido en nuestro país, por los tratados internacionales que tienen rango constitucional.

Que en el caso la afiliada a IOMA además del certificado que acreditaba la discapacidad de su hija había acompañado distintos informes, el de una pediatra que daba cuenta de la enfermedad que padece la menor, quien posee intención comunicativa y para lo cual la única opción era el dispositivo solicitado, ya que le permitiría entablar comunicación, mejorar las relaciones personales y el intercambio comunicativo.

Por su parte la Terapista Ocupacional refirió también la necesidad del dispositivo, señalando que era de vital importancia para expresar cuestiones tan mínimas, vitales y de suma necesidad para su bienestar como el simple hecho de expresar «me gusta», «me duele», «tengo hambre», etc. a través de sus estímulos visuales.

El Magistrado resaltó para dar curso a la acción, la negativa de IOMA de acceder a la entrega del dispositivo de comunicación alternativa por entender el Organismo que existían otras aplicaciones libres y gratuitas, “que por cierto no individualiza” resaltó el Juez.

Luego de indicar que la controversia planteada era entre una niña representada por su madre en calidad de afiliada del IOMA y la Obra Social, renuente está a dar cumplimiento a la obligación requerida, el Dr. Santiago Cremonte entendiendo verificados los extremos de verosimilitud en el derecho invocado y peligro de irreparabilidad en la demora resolvió hacer lugar a la medida cautelar innovativa, ordenando al Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires a que en el término de cinco días a partir de la notificación de esta resolución, “concrete y efectivice la autorización de cobertura en favor de la paciente amparista y le suministre a la amparista el “Sistema de Comunicación Alternativa Aumentativa Mediante Control Visual” indicado para su tratamiento, de manera permanente y continua con la cobertura del 100 % de su costo, comprendiendo las variaciones que demande la evolución y continuidad de su tratamiento y enfermedad.

Y el fallo agrega, que la entrega del dispositivo por parte de la Obra Social puede ser en propiedad o bien solo el uso y goce libre y pleno, el que podrá instrumentarse mediante un comodato gratuito que estará vigente hasta el fin de su utilización o utilidad en caso de necesitar uno de mayor tecnología o complejidad (esto para que en caso de no ser utilizado pueda ser puesto a disposición de otro paciente) el que también deberá ser provisto en su caso por IOMA. Que el cumplimiento de la medida ordenada IOMA lo deberá acreditar en el Juzgado dentro de los cinco días ser notificada, bajo apercibimiento de imponer una multa de $ 5.000 por cada día de retardo, responsabilizando a los funcionarios competentes intervinientes en caso de silencio y/o incumplimiento.

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