Como viene ocurriendo desde hace mucho tiempo y cuando las necesidades o urgencias del Ejecutivo Municipal así lo requieren, las Asambleas de Concejales y Mayores Contribuyentes que se convocan en los meses de mayo o junio para crear o aumentar nuevos impuestos se lo hace incumpliendo con la ley y eso precisamente vuelve a ocurrir ahora.

Basta recordar como ejemplo que eso sucedió en mayo del año pasado cuando se aprobaron nuevas alícuotas a la Tasa de Seguridad e Higiene, situación que llevó a una profesional/comerciante de nuestra ciudad a iniciar una demanda ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Dolores, precisamente por la integración de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes que así lo dispuso, juicio que hasta ahora ha tenido una particularidad, el Intendente Municipal pese a la solicitud judicial no aportó aún el listado de los Mayores Contribuyentes que la integraron, tampoco sobre la forma en que cuándo y cómo fueron elegidos.

En este nuevo caso que nos ocupa, la Presidente del Concejo Deliberante, Prof. Daniela Arrabit, ha convocado a Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes para el próximo lunes de 10 de mayo, con el fin de tratar una Ordenanza que autoriza al Departamento Ejecutivo municipal a reprogramar una deuda con el gobierno provincial, ello con la garantía de los fondos de Coparticipación que corresponden al Municipio.

Sin embargo y más allá que la iniciativa parece razonable y se enmarca en las previsiones de la norma, lo que a todas luces emerge es el incumplimiento por parte de la Presidente del Concejo en el llamado a la Asamblea para la fecha dispuesta, ya que la integración de los Mayores Contribuyentes se lo hace a partir de un listado que ha caducado el pasado 30 de abril y no habrá uno nuevo hasta que se cumplan los pasos de Ley.

La Ordenanza Preparatoria fue sancionada en el Concejo el pasado 26 de abril, resultando por lo menos extraño al día de hoy el particular silencio de los Concejales de la oposición respecto de ese llamado a la Asamblea efectuado por la presidencia del Cuerpo, porque al igual que los del oficialismo no pueden desconocer lo que la Ley Orgánica dispone a partir de su artículo 93º, puntualmente el 94º, que dice: “Anualmente, desde el 1° hasta el 15 de mayo, los Contribuyentes en las condiciones establecidas en el artículo 93° podrán inscribirse en un Registro especial que al efecto habilitará el Departamento Ejecutivo”. También que “el Concejo Deliberante comprobará si los inscriptos reúnen las condiciones establecidas en la presente ley y, en su caso, eliminará a quienes no las llenen”; y que cada grupo político representado en el Concejo propondrá en sesión citada al efecto un número de Mayores Contribuyentes, tomados de la nómina aprobada por el Cuerpo….”, y que en el supuesto de que los grupos políticos en la sesión citada al efecto no propusieren su lista o lo hicieren en número insuficiente, el Intendente Municipal la integrará o completará en su caso con contribuyentes inscriptos en la nómina aprobada por el Concejo”. Además se precisa, que la nómina definitiva que conforme el Departamento Ejecutivo deberá ser comunicada “dentro de los tres días al Concejo Deliberante”.

Y es en este punto de la forma de integración del Listado de Mayores Contribuyentes es donde la carga de responsabilidad recae sobre todo los Concejales por igual, porque ninguno puede desconocer la Ley que rige a los municipios de la provincia de Buenos Aires, más aún, no pueden ignorar lo que expresamente dice el inciso 7º de ese artículo 94º: “La vigencia de cada lista caduca el día 30 de abril de cada año”.

Por lo tanto, no habiéndose cumplimentado los pasos para la integración del nuevo listado de Mayores Contribuyentes como marca la ley, sin dudas de realizarse la Asamblea convocada lo será de forma ilegal. Y no siendo lo que ocurra responsabilidad de los Mayores Contribuyentes, quedará solo por conocer qué Concejales no cumplen con el juramento que les impone el cargo.

La iniciativa en tratamiento

En el envío de su proyecto el Intendente Etchevarren, sostuvo que se solicitaba autorización para reprogramar la deuda contraída con el Estado provincial en el marco del “Fondo especial de emergencia sanitaria para la contención fiscal municipal”, precisando que dicho fondo se había constituido “para contribuir con el pago de los sueldos a los empleados municipales”, y que ello había permitido a “nuestros funcionarios” continuar con su gestión sin sobresaltos…”.

Además señaló, que las “necesidades financieras del Municipio para éste ejercicio hacen que la citada reprogramación sea de utilidad para aliviar las cuentas municipales difiriendo los vencimientos de las cuotas de amortización para los ejercicios futuros”.

El proyecto indica también, que con anterioridad al 20 de enero del año 2021 el Departamento Ejecutivo había suscripto y enviado nota al Ministerio de Hacienda y Finanzas provincial “acogiéndose a las facilidades de la reprogramación de la deuda, lo que conlleva que la misma sea autorizada por la Asamblea de Mayores Contribuyentes” dado que se lo hace con la garantía de los fondos de Coparticipación.

Finalmente la Ordenanza a tratarse señala, que el monto de esa reprogramación de deuda es de $. 13.956.388 y tiene un plazo de gracia al 31 de diciembre de 2021, pudiéndose pagar la misma en 18 cuotas iguales y consecutivas a partir de esa fecha.

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