En el marco de un juicio abreviado sustanciado en el Tribunal en lo Criminal n° 1 Departamental, el Dr. Christian Ariel Rabaia actuando como Juez unipersonal condenó a una pareja de vecinos juzgada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El juicio abreviado había sido consensuado por el Fiscal Dr. Diego Torres y los Defensores particulares Dr. Juan Pablo Díaz por la mujer y el Dr. Juan Francisco Caraccio por el hombre, habiendo ambos procesados dado consentimiento expreso en cuanto a la calificación y el estimado de la pena a imponer.

El Juez Rabaia consideró tener legal y plenamente probado el siguiente hecho delictivo:

En horas de la noche del 8 de noviembre de 2018, en momentos en que se practicaba un allanamiento ordenado por el Juez de Garantías Dr. Christian Gasquet en un domicilio de la calle Martín Campos de nuestra ciudad, los moradores de la vivienda, Vanesa Verónica Busto y Héctor Rubén Carruega, tenían en su habitación oculto entre el colchón y la base box del somier, una bolsa de nylon conteniendo 43 envoltorios con clorhidrato de cocaína y con un peso total de 49,7 gramos entre contenido y continente,  los cuales tenían como destino la comercialización en dosis fraccionadas directamente al consumidor.

El 16 de marzo de ese año se había hecho presente en la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes de Dolores una persona para efectuar una denuncia anónima, indicando que en un domicilio de Martín Campos al 600, pasando Paysandú, se vendía todo el tiempo todo tipo de drogas, razón por la cual se dispuso el inicio de una investigación. .

En dicho contexto personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Dolores ubicó la vivienda señalada y pudo establecer lo llamativo que resultaba la gran concurrencia de personas a esa casa, quienes llegan y permanecían en su interior o en la vereda por escasos minutos, entregando estos en algunas oportunidades dinero a la mujer aunque desconociéndose el motivo, acotándose que el vecindario comentaba que la pareja comercializaba sustancias estupefacientes.

A principios de octubre las tareas de vigilancia –con fotos y filmaciones- pudieron determinar que esos movimientos resultaban compatibles con el comercio de sustancias estupefacientes al menudeo, que el masculino había salido hacía poco de la cárcel, que se lo veía movilizándose hasta la esquina y cómo allí se quedaba sentado en un cantero haciendo de campana, vigilando la zona previo a que llegara algún comprador al domicilio. También observaron los movimientos de pasamano que realizaba con personas que llegaban caminando o en diversos rodados, agregando que de averiguaciones llevadas a cabo se había podido determinar que la mujer viajaría acompañada de algún menor a proveerse de estupefacientes a Mar del Plata.

Las tareas de vigilancia alcanzaron a un local de la calle Paysandú donde la mujer realizaba actividades comerciales, lugar donde la policía pudo advertir la presencia de unas ocho motos y determinar la presencia de varias personas conocidas por ser habituales consumidores de sustancias ilícitas.

Un policía logró determinar que la pareja comercializaba clorhidrato de cocaína y marihuana, que cobraban unos 1.000 pesos la bolsita de un gramo de la primera y 300 los dos gramos de la segunda. Que cuando vendían a personas que no eran clientes fijos, en las primeras oportunidades les daban sustancia de buena calidad, pero una vez que entraban en el círculo íntimo del comercio les solían vender de mala calidad o muy estirada.

El imputado negó ser o haber sido pareja de la mujer, indicando no conocer o haber visto maniobra alguna que le permitiera señalar que allí se desarrollaba la actividad ilícita, justificando de una manera u otra los movimientos que había realizado y que aparecían en las imágenes de las filmaciones.

Sin embargo para el Magistrado sus dichos no lograban rebatir su intervención y la de la coacusada en los hechos que se tenían por probados, resaltando que el hallazgo de la sustancia estupefaciente fraccionada en pequeños envoltorios y oculta en el domicilio en el que ambos residían, corroboraban la denuncia anónima y los testimonios de los funcionarios policiales que efectuaron las tareas de inteligencia previa.

Por todo ello el Juez Dr. Rabaia resolvió condenar a Vanesa Verónica Busto, de 42 años de edad, ama de casa, y a Héctor Rubén Carruega, de 50 años, changarín, ambos nacidos y domiciliados en Dolores, como coautores del delito de “Tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización”, imponiéndole a cada uno la pena de “Cuatro años de prisión y multa”, y   declarando al segundo reincidente en el delito por segunda vez.

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