Si bien se conoció por estos días la resolución dictada por el titular de la Unidad Funcional de Investigaciones y Juicio nº 10 del Departamento Judicial Bahía Blanca, fue en agosto pasado cuando el Fiscal Gustavo Zorzano resolvió archivar la denuncia que más preocupaba al Intendente Etchevarren, ya que involucraba a su Secretaría de Seguridad.

Sin embargo antes de introducirnos en el tema consideramos oportuno señalar en qué marco terminó haciéndose ésta investigación –al igual que seguramente otras-, ya que pese a que el Código de Procedimiento Penal en su artículo 29º establece, “serán competentes el Juez o Tribunal e intervendrá el Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial donde se hubiere cometido el delito”, el Procurador de la Suprema Corte bonaerense, Dr. Julio Conte Grand, dispuso en una inusual y controvertida resolución, que todas las denuncias que involucraran a la gestión municipal de Camilo Etchevarren deban tramitar en el Departamento Judicial más alejado del nuestro, el de Bahía Blanca, a 600 kilómetros de nuestra ciudad.

Como es de imaginar esa decisión provocó múltiples problemas, tanto a denunciantes como a víctimas o testigos, sellando en muchos casos la suerte de la investigación, tal como el propio Fiscal Zorzano indicó en su resolución ocurrió en el caso: “la remisión del expediente a un Departamento Judicial tan distante como Bahía Blanca, si bien permitió superar los conflictos institucionales…, generó inconvenientes materiales que dificultaron la investigación, circunstancia que se pudo advertir más temprano que tarde”.

Y cuando el funcionario habla de “conflictos institucionales”, lo hace sobre las controversias existentes entre el Intendente y el Fiscal General, hecho que de ser realmente así dejaría muy mal parado a toda la justicia penal departamental, porque estaría mostrando que ni sus jueces o funcionarios no actuarían con la independencia y responsabilidad que les impone el cargo.

Ahora bien, adentrándonos en la causa archivada, es de consignar que el Fiscal resaltó que se estaba “frente a una investigación extensa y compleja” iniciada el 11 de septiembre de 2016 a partir de la denuncia formulada por un ex empleado municipal, en la que se describía una red de corrupción que tenía como cabecera la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Dolores, la que estaba integrada por funcionarios municipales (entre los cuales él se incluyó) y efectivos de las Fuerzas de Seguridad, precisando sobre el accionar ilegal, que algunos comercios “pagaban para tener custodia…, mientras que otros lo hacían para poder vender drogas y/o bebidas alcohólicas fuera del horario habilitado”, refiriendo también sobre carga ilegal de combustibles, señalando nombres y dando detalles.

Luego de apuntar que se había citado al denunciante para que concurriera a aquella ciudad para tomarle declaración y que éste se había negado viajar, indicó que funcionarios de su Fiscalía se habían trasladado a Dolores, donde además de con aquél se habían entrevistado con presuntas víctimas y con funcionarios municipales.

“Sin embargo –dice el Dr. Zorzano-, pese al esfuerzo, nada se ha logrado más que reiteradas declaraciones de personas que han rehusado los hechos y negado las afirmaciones del denunciante”, indicando que existió una constante, las afirmaciones del denunciante por una parte y la negativa de los testigos por otra rechazando todo tipo de participación o conocimiento de los hechos, aunque en un punto de su resolución no dejó de manifestar que esto último era de esperar “de quienes supuestamente desplegaban actividades ilegales (como la venta de estupefacientes o de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido)”, aunque señaló que esa respuesta había sido la misma que dieron quienes supuestamente habrían sido víctimas de los aprietes que describió el denunciante.

Y sobre la investigación en sí, precisó que junto a los testimonios analizados se habían concretado otras medidas investigativas, las que habían resultado harto infructuosas al no aportar información relevante, aunque no dejó de destacar dos conversaciones telefónicas, una entre un empleado municipal y un kiosquero sobre el pago por custodia, aunque el comerciante al ser citado lo negó. Y otra entre ese mismo funcionario municipal y el mismo comerciante donde el primero hacía referencia al juego clandestino y al cobro de sumas de dinero por parte del principal sospechado, aunque el titular del local al ser llamado a declarar negó conocer las circunstancias que se habían precisado en la conversación.

“Como vemos, pese al esfuerzo, no se lograban elementos de prueba serios. Los testimonios de comerciantes y de funcionarios, en el mejor de los casos, aportaron meros indicios, secundarios e insuficientes para acreditar la actividad ilícita descripta por el denunciante”, resaltó el funcionario judicial, concluyendo respecto de esta parte de la denuncia: “en definitiva, no se ha logrado conformar un plexo probatorio mínimo que permita avanzar en la presente pesquisa”.

Y sobre la otra actividad ilegal denunciada, la carga de combustible en vehículos particulares con vales de la Municipalidad, señaló el Fiscal que ninguno de los testimonios analizados respaldaba las afirmaciones del denunciante, impidiendo ello avanzar con la investigación, resaltando en particular el testimonio de Leandro Oldoni (por entonces Jefe de Gabinete), que dijo que ese suministro estaba permitido en el caso que los vehículos particulares de los funcionarios estuvieran afectados al Municipio, que ello se instrumentaba mediante un decreto del Intendente Municipal. Y respecto del combustible de otras áreas, Oldoni indicó que el titular de cada dependencia municipal era quien efectuaba el requerimiento y se hacía responsable de su asignación y utilización.

También en su repaso de las actuaciones el Dr. Zorzano dedicó un párrafo al Concejo Deliberante de Dolores, indicando que en diciembre de 2016 había creado una “Comisión Investigadora o de Seguimiento de la investigación”, y que transcurrido más de tres años de su conformación se había requerido a la Presidencia del Cuerpo que enviara toda la información o los elementos de prueba que hubieran sido recopilados por la comisión. “Empero, nada se informó ni se remitió para avanzar con la presente pesquisa, resaltó el Fiscal.

Por todo ello, el Fiscal Zorzano considerando que sólo quedaban algunos indicios que no permitían construir un cuadro probatorio serio con entidad suficiente para sostener una acusación, resolvió archivar el expediente.

Desde el punto de vista periodístico entendimos que no podíamos cerrar esta nota sin consignar datos o información conocida por fuera del expediente, que si bien puede abonar muchas dudas precisa quizás lo que es una certeza.

Cuando vemos en la resolución de la Fiscalía de Bahía Blanca que algunos testigos negaron los hechos denunciados, por haber concurrido periodísticamente en el momento en que fueron víctimas de ilícitos, vemos que sus testimonios difieren diametralmente de lo que en esa oportunidad manifestaban públicamente.

Que existen causas judiciales que en cierta manera abonan los dichos del denunciante (una por amenazas, otra por venta de droga con escuchas telefónicas que señalan a policías involucrados, como también una por juego ilegal), de las que un fiscal local podría tener o tomar conocimiento pero no uno en un escritorio a 600 kilómetros de distancia.

Y sobre el combustible, sabemos fehacientemente que la negativa de un testigo al declarar difiere totalmente de lo que dijo en una entrevista grabada en su domicilio, del temor que motivó haber negado en esa oportunidad lo que realmente sabía.

Por otra parte y sin relación puntual con esta caso pero que alimenta la duda, es el caso de un empleado municipal que pagó a un particular con vales de nafta proporcionados por su jefe, cuotas de una deuda que tenía por la compra de un auto usado.

En cuanto a la certeza, las denuncias existentes y las que se podrían formular que involucren al poder político están destinadas a terminar igual, sin conclusión alguna si los hechos existieron o no, con el agravante de que serán pocos -o nadie- quien se anime a denunciar para luego tener que viajar a tan distante lugar para seguir el devenir de las actuaciones. El tan mentando “servicio de justicia” –por lo menos en estos casos- tienen una evidente inclinación.

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