Vecinos de Chascomús presentaron en el Juzgado Correccional nº 2 de Dolores una acción de amparo contra ese Municipio, con el objeto de evitar que se continuara con la “aplicación de políticas y proyectos que alteraran el medio ambiente” y pusieran en riesgo la salud de la población, puntualmente contra la creación del denominado «Polo Productivo Ambiental Chascomús» o «Ecoparque Regional Ambiental».

Señalaron los demandantes, que el gobierno municipal había dado a conocer la creación de ese Polo Ambiental Chascomús, el cual se trataría de un consorcio integrado por los municipios de Castelli, Lezama, Pila, General Belgrano, General Paz y Dolores, y que tendría como objeto el cierre del basurero a cielo abierto que tenía la ciudad y la construcción de una planta de reciclado de residuos sólidos urbanos.

Precisaban, que dicho Polo se instalaría en un predio ubicado sobre la Ruta 20, de propiedad municipal pero donado con cargo para construir un Hogar de Niños y/o una Capilla y/u otro destino de bien público.

Luego de detallar desde el punto de vista ambiental lo que afectaría esa obra en una zona de humedales y pozos de agua, en las que está prohibida la instalación de basurales, señalaron que el predio se encuentra relacionado con el denominado «Juicio de la Rifa de Chascomús» de trámite en el Departamento Judicial de La Plata, en el que se había decretado la responsabilidad del Estado Municipal y se había impuesto sobre el predio un embargo por $. 234.786.720, con más $ 70.000.000 de intereses y costas.

Que por otra parte existía un litigio sobre aquella la donación, de trámite por ante el Juzgado de Paz Letrado de Chascomús, con el objeto de revocarla y recuperar la propiedad del inmueble de parte de los herederos de quien en vida fuere la donataria, por no haberse cumplido con el cargo con el que fuera donado.

Sobre el proyecto señalaron, que el Municipio pretendía instalar un “nuevo pasivo ambiental” con el Eco Parque sin haber cerrado el basurero existente, lo que era violatorio de la norma que obliga el saneamiento y a evitar la creación de nuevos, precisando, que lo que se intentaba construir era un basural regional que permitiría el ingreso de residuos sólidos urbanos de localidades de la zona, como Lezama, Castelli, Pila, Belgrano y Dolores, ya que se presumía que para la construcción y operación de este tipo de planta se requieren una 80 toneladas de basura por día, estimándose el ingreso desde Chascomús de unas 30,17 toneladas diarias.

Asimismo puntualizaban, que del pliego de Licitación surgía, que presupuestariamente el primer año de funcionamiento estará a cargo del Gobierno Nacional, luego por la provincia de Buenos Aires y el Municipio de Chascomús, lo que demostraría la intención de regionalizar la planta.

Al contestar la demanda la representante del Municipio negó los hechos y desconoció la documentación aportada, sosteniendo que no se estaban aplicando políticas o proyectos que alteraran el medio ambiente o pusieran en riesgo la salud de la población, rechazando también que se quisiera presentar el proyecto cuestionado como un nuevo basural. Asimismo resaltaba, que en cumplimiento de la normativa vigente el Municipio de Chascomús había iniciado a partir de 2016, “acciones tendientes al cuidado del medio ambiente, como así también otras medidas ambientales, no relacionadas al tratamiento de los residuos sólidos urbanos”.

Por otra parte desmintió la presunción de regionalización del Ecoparque, señalando que se confundía los conceptos de experiencia e idoneidad del operador, al arribar a una conclusión aritmética que fuere señalada en puntos precedentes.

Asimismo desconoció la existencia de juicio alguno con los herederos de quien fuera la donataria del inmueble, recalcando que el hecho de haberse iniciado un reclamo judicial no ameritaba que le asistiera razón en el litigio. Y en igual sentido lo hizo en referencia al “Juicio de la Rifa del Campo», señalando no haberse recibido notificación de inscripción de gravámenes, embargos, anotaciones u otras cargas sobre el inmueble, agregando que en ese proceso está codemandado el Fisco Provincial, no teniendo el Municipio la responsabilidad que le alegaban los amparistas.

En lo referido al impacto ambiental que pudiera producir el proyecto señaló la abogada, que no resultaba cierto que existiera riesgo alto de vulnerabilidad para con la cuenca medio-bajo del Río Samborombón, apoyado ello en un dictamen donde además se señalaba que por el contrario resultaría de impacto positivo, dado que evitaría mayor contaminación generada por el basural a cielo abierto. También resaltó que el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (O.P.D.S.) había otorgado el Certificado de Aptitud Ambiental.

El Juez para resolver consideró en primer término, que se imponía un análisis de la competencia material de su Juzgado, lo que podía y debía hacerse aún de oficio por tratarse de una cuestión de orden público.

Luego de analizar la presentación y la documentación aportada por ambas partes señaló, que el proyecto había sido diseñado y estudiado técnicamente en conjunto con autoridades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Que los fondos presupuestados se financian con un crédito del Banco lnterameicano de Desarrollo (BID), por lo cual no podía soslayarse que el Estado Nacional afronta una responsabilidad crediticia ante un organismo de financiación internacional, como que también asumía el control del inicio de ejecución de la obra durante el primer año, con lo cual se demostraba la activa participación que asume la Administración Federal.

Por ello el titular del Juzgado Correccional nº 2 Departamental resolvió declararse incompetente para entender en esta acción de amparo, por “resultar afectados intereses patrimoniales de la Nación Argentina y por el alcance interjurisdiccional del daño que se pretende evitar”, resultando todo esto ajeno a la competencia de la justicia provincial y siendo propia de la Jurisdicción Federal, por lo cual remitió las actuaciones al Juzgado Federal de Dolores para su tramitación.

Debemos indicar por último, que no se ha podido corroborar aún en el Fuero Federal que trámite ha tenido la acción intentada.

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