Direccion de Escuela

Los encargados de la maniobra realizada en la Dirección General de Escuelas le habían certificado 19 años como preceptor en Dolores, existiendo solo constancia que había hecho una corta suplencia en la Escuela 501.

 

 

El pasado martes la justicia penal de La Plata dispuso allanamientos en el marco de una investigación por certificaciones de servicio truchas en la Dirección General de Escuelas, concretándose la detención de dos de los sindicados como responsables del delito de “fraude a la Administración Pública en grado de tentativa”, existiendo además en la causa dos abogados imputados e incluso aquellos que se beneficiaban con certificaciones de años no trabajados, quienes de esa forma se podrían jubilar.

Entre estos últimos hay un vecino de Castelli a quién se le certificó 19 años en Dolores como preceptor sin que hubiera cumplido esa tarea, existiendo también una certificación a una preceptora que se le agregó años de servicio en nuestra ciudad sin que los tuviera.

Según describe la Fiscal Cecilia Corfield -titular de la UFIJ nº 15 del Departamento Judicial La Plata- en la presentación que hizo ante el Juez de Garantías Dr. Jorge Moya Panisello, en el primero (Hecho I) de los nueve casos investigados se pudo determinar que con anterioridad al 4 de diciembre de 2017, al menos Leticia Alejandra Latorre (Jefe de Departamento Certificaciones) y Christian Serrano (Subdirector de Gestión Técnica y Administrativa), ambos de la Dirección de Jubilaciones y Certificaciones de la Dirección General de Cultura y Educación, “realizaron diversos actos fraudulentos con el fin de certificar, falsamente 19 años de servicio a Marcelo Alberto Varela”, vecino de la ciudad de Castelli.

Latorre lo hizo según la acusación mediante la opción de carga de servicios por declaración jurada, opción que se utiliza para los casos en que los servicios no surgen del sistema, pero que por su antigüedad se pueden acreditar con prueba documental, iniciándose luego y según precisa el Fiscal, “a contramano del procedimiento habitual un expediente de solicitud de reconocimiento de esos servicios”.

Respecto de ese expediente se indica que surgen numerosas irregularidades, como falta de sello de entrada, falta de datos completos del causante, falta de certificación de la firma por parte del Consejo Escolar, falta de intervención de cualquier autoridad escolar, falta de foliatura, y rúbrica del supuesto interesado de dudosa autoría escritural.

Asimismo se precisó, que de la búsqueda realizada en el sistema de la Dirección General de Escuelas, no surgían constancias de recibos emitidos en favor de Marcelo Alberto Varela por el periodo incluido en la certificación. Que la única constancia de servicios obrante en el expediente “a todas luces resulta falsa”.

Por su parte la Directora de la Escuela Especial 501 de Dolores, informó que Marcelo Alberto Varela había sido un docente proveniente de Castelli que había realizado una suplencia corta, como profesor de Educación Física en reemplazo de la Prof. Cristina Zuleta.

Y se resalta sobre la certificación apócrifa de años de servicio, que la totalidad de ellos correspondían a la calidad de preceptor, tarea de la que no existía constancia alguna que hubiera desempeñado.

Asimismo agrega el Fiscal, que ese reconocimiento de servicios no fue retirado por Varela como sería de esperar, sino por el Subsecretario Christian Serrano, quien como funcionario de esa Dirección firmó la certificación ilegal, lo que ponía de “manifiesto, que en todo momento estuvo detrás del armado de ese trámite”.

Además de un testimonio recibido durante la investigación surgió el vínculo existente entre Serrano y Latorre, quienes además del laboral resultaban ser pareja o ex pareja.

De este hecho presupone el Fiscal que son autores penalmente responsables Marcelo Alberto Varela, Christian Gabriel Serrano y Leticia Latorre.

Por su parte del “Hecho 2” surge una certificación de servicio por tareas realizadas en Dolores, pese a que la beneficiaria trabajó únicamente en la localidad de San Miguel del Monte.

La mujer se había presentado en el Consejo Escolar de dicha localidad queriendo retomar tareas de preceptora cuando ya había pedido el cese para jubilarse, lo que motivó que las autoridades de Educación se reunieran con ella, oportunidad donde manifestó haber sido víctima, relatando haberse contactado vía Internet con un abogado –uno de los imputados-, quien le comenzó los trámites y luego le dijo que debía contactarse con un gestor –un empleado de Educación- a quien debía entregar la suma de 20 mil pesos, lo que hizo en la Plaza Malvinas de La Plata, recibiendo los formularios que luego presentó en la Dirección de Jubilaciones.

Este caso tiene como imputada a Latorre, al empleado de la Dirección de Escuelas y al abogado.

Finalmente es de indicar que ninguno de los fraudes pudo ser concretado, por haber sido detectados y denunciados antes que desde el Instituto de Previsión Social se diera curso a los certificados truchos. Y que la investigación tiene en la mira a unos 70 docentes más que podrían estar involucrados en este tipo de maniobras ilícitas.

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