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Aunque pareciera que en Mar del Plata sí

Las normas tienen prioridades, una sobre otra, existe una pirámide de prelación que tiene en su vértice en la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales que ha firmado Argentina y que guardan carácter de constitucionales. Luego en orden descendente están las leyes y decretos nacionales.

A nivel provincia la supremacía la tiene la Constitución provincial, luego las leyes provinciales y los decretos dictados por el gobernador en uso de sus atribuciones. En los municipios la norma de mayor jerarquía es la ordenanza y luego los decretos.

Antes de entrar en el tema que nos ocupa es necesario puntualizar que dice la Ley Orgánica de las Municipalidades (Ley 6769) respecto de sus normas:

Artículo 77°: Las disposiciones que adopte el Concejo se denominarán:

Ordenanza, si crea, reforma, suspende o deroga una regla general, cuyo cumplimiento compete a la Intendencia Municipal. Las Ordenanzas serán consideradas ley en sentido formal y material.

Decreto, si tiene por objeto el rechazo de solicitudes particulares, la adopción de medidas relativas a la composición u organización interna del Concejo y en general, toda disposición de carácter imperativo, que no requiera promulgación del Departamento Ejecutivo.

Comunicación, si tiene por objeto contestar, recomendar, pedir o exponer algo.

Pues bien. Llamó poderosamente la atención la noticia difundida por distintos medios de comunicación marplatenses que dijeron, que “por decreto” el Concejo Deliberante había devuelto la exención a los teatros, que por lo tanto no pagarán la tasa de “Habilitación, ni la de Publicidad y Propaganda”, un tema controvertido ya que el Intendente Arroyo insiste en cobrarlos porque así se lo impone la Ordenanza vigente.

Según la información difundida el mencionado Decreto fue firmado por el Presidente del Concejo “ad referéndum” del Cuerpo” y con él se modifican los artículos 249° y 251° de la Ordenanza Fiscal, por lo tanto quedarían exentos los teatros de pagar las tasas por los espectáculos teatrales y cinematográficos que se ofrezcan.

Es de pensar que podría haber un error en la información difundida, ya que para modificar la Ordenanza Fiscal se necesita sancionar una ordenanza que así lo disponga, la cual para tener vigencia debe ser promulgada por el Departamento Ejecutivo, o de no hacerlo esperar su promulgación automática en el término de ley.

Ha sido llamativo que nadie haya salido a puntualizar el tema, porque además de transparencia la ciudadanía requiere estar bien informada, más cuando se trata del manejo de los dineros públicos.

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