Foto de la casa derribada

En un litigio por terrenos donde el Municipio pretendía construir viviendas. El Juzgado no tuvo en cuenta la tasación del perito sino que efectuó una valoración propia, la que es fuertemente atacada por el apelante puntualizando varios errores, entre ellos no haber considerado que era una “tasación de tierra, sino de un inmueble”. 

En una información publicada el mes pasado dábamos cuenta la posibilidad que la Municipalidad tuviera que pagar fuertes honorarios en un juicio civil en el que había resultado perdidosa, esto como consecuencia de la apelación del Perito Tasador disconforme con lo que fijado por la Juez. Que dicha resolución también había sido apelada por la Asesora legal del Municipio, disconforme con las sumas fijadas, 720 mil pesos para la abogada del demandante y 18 mil para el tasador.

Recordábamos que el litigio había sido entre el vecino que detentaba la posesión de dos manzanas de terreno en nuestra ciudad y el Municipio, ya que en el mismo el Intendente Etchevarren pretendía construir un plan de 50 viviendas.

La Dra. Alicia Mendes de Macchi, titular del Juzgado Civil y Comercial nº 1, al fijar esos honorarios consideró un dislate el valor de $. 36.000.000 determinado en la tasación, y evaluando que el dictamen pericial “carecía de fuerza vinculante” le fijo al mismo un valor económico de 3.600.000, y los horarios de acuerdo a dicha suma.

Ahora se conoció el texto de la apelación presentada la semana pasado por el Perito Tasador, Corredor Público Walter F. Cejas, donde resalta que la Juez se había valido de consideraciones totalmente ajenas a la causa, y que había puesto en duda la validez y legitimidad de la labor por él cumplida.

Entre otros considerandos resalta, que ni la demandante o la demandada (Municipalidad) habían hecho objeción alguna respecto de la designación de un perito tasador, por lo tanto hacerlo la última luego de haberse llevado a cabo la pericia, aparecía como un absurdo.

Asimismo resaltó, que la pericia había sido dispuesta sin “puntos de pericia en particular, más allá de la tasación del inmueble”, por lo tanto la misma se debía hacer adecuada a los valores correspondientes al momento en que se efectuó el informe pericial.

Indicó que por ello la potencialidad del inmueble para ofrecerlo en venta era según valores de mercado y las posibilidades de loteo, en especial a partir del cambio de zonificación anunciado por el Municipio para ser aplicado a un plan habitacional. Además, porque que el predio posee apertura de calles por sus cuatro frentes, iluminación pública y red de suministro de electricidad domiciliaria, como también la existencia de todo un vecindario con unidades habitacionales construidas.

Puntualizó el Tasador en la apelación, que existía en el expediente judicial constancias documentadas que la Comuna le había asignado al predio un valor de $. 22.000.000, valuación que había sido acompañada con un proyecto de ordenanza por el cual se aprobaba el plan de viviendas solidarias. Y resaltó, que el Municipio de Dolores “dispuso (es decir, que reconoció) un valor de $ 22.000.000 a la fracción de terreno del caso…”, lo que implicaba que la Comuna estaba inhibida de argumentar respecto de sus propios actos, por lo cual la Juez no podía desconocer la tasación fijada en la pericia por él realizada si no hubo petición expresa y previa de la contraparte, el poseedor del terreno.

Luego de hacer el apelante consideraciones sobre el mercado inmobiliario puntualizó que la Juez no podía desconocer la tasación realizada, “dado que le está prohibido expedirse respecto de cuestiones que no fueron sometidas a su jurisdicción”.

Luego de advertir errores en el valor fijado por la titular del Juzgado a las tierras en cuestión, la apelación resalta que lo realizado no era una “tasación de tierra, sino de un inmueble, es decir de una localización específica de un predio, el cual posee características topográficas, administrativas y socio-ambientales concretas, es objeto de gravámenes fiscales y sufre restricciones al dominio y uso del predio”.

Luego dijo enfrentarse a una “tomadura de pelo…, percibo que están tomando a alguien por tonto…” y que ese alguien era él, porque parece que “la judicante (la Juez) realmente creyera que el valor que debe tomarse en cuenta es únicamente el de la ‘tierra misma’, con prescindencia de todas las demás variables que a cada fracción le corresponde…”, ya que con ese criterio tendría idéntico valor “una fracción de igual superficie en los suburbio de Dolores que en pleno centro de la ciudad…”.

Luego de fuertes consideraciones sobre el despojo que se pretendió consumar con el poseedor de las tierras (nota: hay causa penal que involucra a funcionarios municipales), el Corredor Público Walter Cejas pidió se revocara la resolución que había fijado los honorarios, los que dijo la Juez determinó “sin que existieran fundamentos que  la justifiquen, solo se trata de una cifra caprichosa que a la judicante se le ocurrió, lo cual es un absurdo y debe ser revocado”, pidiendo que el valor del predio se determinara al menos por la mínimamente con la “tasación reconocida y dispuesta administrativamente por el Fisco Comunal, de $. 22.000.000…”.

Finalmente recordemos que será la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial será quien resuelva la cuestión, y en razón de ese valor mínimo planteado reiteramos la posibilidad que la Municipalidad tenga que pagar abultados honorarios en este juicio, ya que podrían ser seis o siete veces los determinados en primera instancia.

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