En un fallo dictado a fines de agosto el Juez Contencioso Administrativo de Dolores, Dr. Antonio Escobar, rechazó la presentación de una empleada municipal despedida sin dictamen médico, para que se diera cumplimiento a la resolución del Juzgado que había dispuesto su reincorporación.

En los fundamento la demandante había señalado que no obstante las intimaciones y denuncias efectuadas la manda judicial era incumplida por el Municipio, ya que a hasta ese día no había sido restablecida en el cargo y tampoco se le habían abonado los salarios señalados en la sentencia, ello pese a las notificaciones realizadas.

La empleada despedida concluía precisando, no haber sido reincorporada, no haber sido convocada a trabajar ni a revisión médica, manifestando que ni siquiera le habían respondido los pedidos hizo para que se cumpliera con la manda judicial y administrativa.

El Juez al analizar el caso señaló, que “a diferencia de una sentencia que pasa en autoridad de cosa juzgada y por ello deviene en ejecutable, las medidas cautelares reflejan una actividad de tipo preventiva en el marco del proceso al que acceden, estando llamadas a cumplir una finalidad de protección a la parte que la solicita a efectos de que la eventual sentencia a dictarse no proponga una solución anacrónica por extemporánea al conflicto, o bien resulte de imposible cumplimiento. También cumplen la función de prevenir un daño que no pudiese ser posteriormente remediado, o que si bien podría ser objeto de reparación posterior, es preferible esquivar, siempre en aquellos casos en que la claridad en la situación plantada con un marcado contorno de injusticia justificare sin más su evitación, pues es preferible evitar a reparar”. Y puntualizó el Juez: “este tipo de medidas resultan provisorias, tangibles, modificables, susceptibles de dejarse sin efecto o bien ampliarse, aun cuando estén consentidas y en cuanto se produzca una variación en las circunstancias, no siendo el caso de las sentencias en tanto adquieran firmeza”.

Más adelante consideró, que a más de tres años de dicada la medida precautoria la recurrente nunca fue reinstalada en su puesto de trabajo, tampoco se le abonaron los salarios que dejó de percibir, habiéndose dictado el Municipio un nuevo Decreto reafirmando la cesantía, en el que se determinaba sin mayores aditamentos… “que la amparista no presenta incapacidad valorable por la médica psiquiatra y puede cumplir con sus tareas habituales”, puntualizando el Juez al respecto, que ese “dictamen médico presenta pocas explicaciones de los motivos que permitieran arribar a dicha conclusión a los profesionales intervinientes…” un médico cirujano y una profesional especialista en psiquiatría, de la cual ese documento carecía de su firma.

Además el Magistrado puntualizó, que la demanda –la cuestión de fondo- se encontraba en plena etapa probatoria, que el arribo al dictado de sentencia resultaba inminente, y que allí es donde serán debatidas y meritadas todas esas cuestiones.

Por lo tanto ante la provisionalidad de la medida dictada en febrero de 2018 resolvió dejarla “sin efecto, y en consecuencia, rechazar la denuncia de incumplimiento de la misma”.

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