patrullero policia federal

El Juez Federal de Dolores receptó el requerimiento fiscal y la causa se ventilará ahora en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. La banda según la investigación actuó al menos entre 2012 y 2013, indicando la resolución judicial que levantaban automóviles en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, adulteraban las cédulas verdes, títulos, etc. y los vendían en Dolores, Castelli y Partido de la Costa.

Imputados de haber formado parte de una asociación ilícita en Dolores dedicada a obtener de modo ilícito vehículos, autopartes y documentación relativa al automotor, para posteriormente comercializarlos a terceros, veinticinco 25 personas –15 de ellas dolorenses- afrontarán juicio oral.

El Juez Federal de Dolores, Dr. Alejo Ramos Padilla, receptó la requisitoria efectuada por la Fiscal subrogante Dra. Laura Ahumada y elevó las actuaciones al Tribunal Oral de Mar del Plata, donde se los juzgará. Al propio tiempo decretó la “inhibición general de bienes” a los imputados, en razón que no han afrontado el embargo que se les trabó en su momento.

La investigación según surge de dicha resolución judicial, comenzó cuando el titular de la DDI Dolores luego de haber participado en distintas investigaciones referidas a sustracción de automotores en el Departamento Judicial Dolores, advirtió de la existencia de una banda organizada con distribución de roles y dividida en tres etapas en su ejecución. La primera dedicada a “levantar” automóviles en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. La segunda, cuando estos vehículos eran “empapelados” adulterando su documentación (cédulas verdes, títulos, etc.). Por último, cómo los comercializaban en Dolores, Castelli y en el Partido de la Costa a través de distintas modalidades delictuales a los fines de engañar a los compradores.

Durante los allanamientos concretados en enero de 2013 en los domicilios de los procesados se secuestró un gran número de vehículos con adulteraciones en sus numeraciones registrales, documentación relativa al automotor, autopartes, etc.

Sobre la investigación y según surge de las actuaciones, tuvo un largo trámite como consecuencia de las distintas oportunidades en que tuvo que intervenir la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata ante planteos defensistas o de la parte acusadora, llegándose a la actual etapa del proceso con una requisitoria de más de 300 carillas, más 470 medidas de prueba incorporadas, innumerables cruces telefónicos analizados, declaraciones de testigos y de imputados, puntualizando la Fiscal al respecto, que la asociación delictiva actuó de forma permanente y estable al menos desde junio de 2012 hasta el 8 de enero de 2013, “con división de roles y coordinación de funciones”.

De sus miembros dice que son, Horacio Alejandro Cowes, (a) “Vasco”, de 37 años de edad, con domicilio en Sevigné, considerado el “jefe” de la asociación ilícita, que integraban según la funcionaria judicial los dolorenses Aníbal Enrique Alcodoy “Quique”, de 29 años de edad, chapista; Marcelo Ernesto Berón Duarte, de 41, ex empleado del S.P.B.; Rafael Antonio Cirigliano (alias) “Camello”, de 60 años de edad, comerciante; G. Detulio (a) “El loco”, de 45 años, policía y mecánico; Leonardo Miguel Galay, 43 años de edad, empleado, con actual domicilio en Avellaneda; Casildo Martín Frechero, 66 años, retirado del Servicio Penitenciario; Guillermo Isidro Isaurralde, de 44 años, comerciante, Sergio Rubén Mossi, 48 años, mandatario; Roberto Gustavo Ortíz, (a) “Tito”, 48 años, mecánico; Carlos Alberto Peirano (a) “Carlitos”, 42 años de edad, changarín; Leonardo Manuel Rodríguez (a) “el gordo Leo”, de 45 años; Hugo Omar Rodríguez, de 40 años, empleado municipal, y Oscar Alfredo Romero, (a) “Lagaña”, de 54 años, mecánico,

También, Norberto Javier Estraviz, de 44 años, de profesión gruero, con domicilio en Banfield; Natalia Vanesa González, 27 años, ama de casa, con domicilio en Capital Federal, pareja de Cowes al momento de los hechos; Marcelo Alejandro Guiñazú, (a) “Calabaza”, 53 años, comerciante, con domicilio en Lavallol; Guillermo Alejandro Iribarren, (a) “Diente”, de 41 años de edad, con domicilio en Chascomús; Carlos Alberto Jaen, 57 años, policia (verificador), con domicilio en Chascomús;

Leonardo Enrique Luján, (a) “Quique”, 48 años, comerciante, con domicilio en Gral. Belgrano; Leonardo Andrés Luján, 23 años, chofer de camión, con domicilio en General Belgrano; Pablo Benjamín Oporto, de 40 años, changarín, con domicilio en Ranchos; Walter Gustavo Rolleri, (a) “Poroto”, de 58 años, ocupación mecánico, con domicilio en Castelli; .

Jorge Daniel Tonarelli, (a) “Pepe,”, de 43 años de edad, comisionista de vehículos, con domicilio en La Plata; y Héctor Alberto Villalba, de 39 años de edad, empleado policial, con domicilio en Lanús Este.

Por último, es de resaltar que en la elevación a juicio y respecto de Cirigliano, Estraviz, Galay, Oporto, Mossi, Hugo Rodríguez y Berón, la resolución indica la posibilidad de aplicar para ellos “el instituto de la suspensión de juicio a prueba” (1).

 

(1) es para los casos donde el máximo de la pena no excede los tres años, y no procede otorgarla cuando el imputado es funcionario público, o cuando los delitos conllevan la pena de inhabilitación.

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