Santoro Daniel

Caso D’Alessio:

Lo señaló el Juez Federal de Dolores al rechazar la nulidad planteada por su defensa, en relación al último informe de la Comisión Provincial de la Memoria incorporado al expediente.

 

 

En una reciente resolución dictada por el Juez Federal Dr. Alejo Ramos Padilla rechazó la nulidad planteada por la Defensa del periodista Daniel Santoro -imputado en la denominada causa D’Alessio- contra el último informe de la Comisión Provincial de la Memoria incorporado al expediente-. Al propio tiempo dispuso elevar copia a la Cámara Federal de Apelaciones Mar del Plata donde tramita un incidente que tendría vinculación con el ahora resuelto.
Con respecto a esto último el Dr. Ramos Padilla señaló, que la defensa de Daniel Santoro había ya solicitado la nulidad de la medida de prueba encomendada a la Comisión Provincial por la Memoria (C.P.M.), planteo que él había rechazado, resolución que en la actualidad estaba siendo revisada por la citada Cámara.

Que en este nuevo planteo la defensa del periodista lo había hecho contra el informe producido por la Comisión Provincial por la Memoria, pidiendo su destrucción y exclusión del proceso, sosteniendo que del mismo se desprendían inconsistencias, irregularidades e inexactitudes, que parecería tener formato de pericia, no habiéndosele dado a esa parte la posibilidad de control e intervención, señalando por último, que ese Organismo y su Presidente (Adolfo Pérez Esquivel) no eran imparciales.

Sobre la nulidad planteada señaló el Magistrado, que al dársele intervención al Fiscal Federal Dr. Juan Pablo Curi este había dictaminado, que no encontrándose firme el planteo de nulidad previo no correspondía resolver sobre esta nueva presentación.

Respecto del informe de la C.P.M. resaltó el Juez la amplia repercusión y debate público que había tenido, entendiendo adecuado realizar algunas aclaraciones, “evitando tecnicismos jurídicos innecesarios” dijo, indicando que al igual que los anteriores producidos por ese Organismo provincial, el objeto de análisis se limitaba a la información contenida en los aparatos electrónicos secuestrados al imputado y procesado Marcelo D’Alessio, en su mayoría celulares y computadoras.

Resaltó asimismo, que la lectura de ese informe evidenciaba que no se analizaba allí “ninguna nota periodística, mucho menos su contenido, ni tampoco se evalúa la labor de ningún profesional del periodismo”, resaltando que la CPM es un “organismo público y autárquico, independiente de cualquier gobierno y partido político y tiene el deber legal de confidencialidad”.

También indicó Ramos Padilla, que ese pedido de colaboración efectuado al Organismo provincial es un recurso habitual que la ley habilita, que se utiliza en diversos tipos de causas, en especial cuando las agencias estatales carecen de experiencia o pueden resultar involucradas en los hechos que se investigan.

También entre esas aclaraciones señaladas, el Juez indicó que en el proceso se había corroborado la existencia de una organización ilícita, que mediante diversas estrategias previamente planificadas y documentadas logró realizar numerosas actividades delictivas vinculadas con el espionaje ilegal, poniendo luego en circulación la información que producía y obtenía mediante aquellas actividades. Que para “blanquear” esa información obtenida de forma ilícita, la organización –en particular, Marcelo D´Alessio- buscó generar contactos con distintos periodistas y funcionarios judiciales, con el objetivo de lograr publicaciones o permitir la conformación o direccionamiento de investigaciones en algún sentido específico.

Sobre la mención de periodistas en el informe de la C.P.M. resaltó, que ello no implicaba “ningún tipo de responsabilidad penal respecto de éstos”, indicando el Juez que por el contrario, ello podía constituir una muestra del modo en que la organización criminal buscaba fomentar y utilizar sus vínculos con los medios de prensa para llevar a cabo y consolidar sus operaciones, aún sin ningún tipo de conocimiento o participación de los periodistas.

Y tras señalar que el único periodista que está imputado en el expediente es Daniel Santoro, el Dr. Ramos Padilla señaló: “no forma parte de la imputación, ni del juicio de responsabilidad efectuado, sus actividades periodísticas, ni las legítimas investigaciones que, en el ejercicio de ese rol profesional hubiera realizado y publicado”. Que en ningún momento le había sido exigido que revelara sus fuentes, pues ese derecho de reserva cuenta con protección constitucional y es un asunto completamente ajeno a lo investigado en la causa.

También consideró que no podía atribuirse responsabilidad penal a un periodista por publicar información, obtenida incluso ilegalmente por otra persona. “Sin embargo –resaltó- ninguna persona, sea cual sea su profesión, se encuentra habilitada a participar en maniobras que incluyan coacciones, extorsiones, o en la planificación de actividades de inteligencia ilegal encaminadas a perjudicar una o más personas”.

Y señaló seguidamente, que a partir de la prueba hallada en el domicilio de Marcelo D‘Alessio la participación y responsabilidad de Santoro se tornaba ineludible, indicando que pese a que éste dijo haber sido engañado por aquél, surgían de los elementos obrantes en la investigación la utilización de publicaciones de este periodista para amenazar y exigir dinero; su participación responsable en al menos una coacción y una extorsión; su participación material en otros y numerosos planes ilícitos que la organización desarrollaba; que intercambiaba información vinculada a las víctimas de la organización; y que utilizaba información con la que en paralelo D’Alessio llevaba adelante extorsiones.

Con respecto de Santoro periodista el Magistrado sostuvo, que no se podía afirmar que imputar o procesar a una persona por su participación en la comisión de distintos delitos, la que además y paralelamente ejercía el periodismo de forma legítima, “podía constituir una vulneración a la libertad de prensa”, ya que por el contrario “forma parte de los deberes que la Constitución y Ley imponen al Poder Judicial, llevar adelante las medidas necesarias para lograr el descubrimiento de la verdad, individualizar a los posibles participes y comprobar la extensión del daño causado”.

Luego dijo que a la C.P.M. se le había requerido que sistematizara y describiera específicamente la actividad del periodista Sr. Daniel Santoro, registrada en los documentos digitales secuestrados en el allanamiento realizado en la vivienda de Marcelo D’Alessio, notas que por diversos motivos este último había guardado puntualmente. Que se analizaran las conversaciones y los correos electrónicos que ambos habían mantenido, precisando que en particular se había cotejado, la “documentación registrada en los dispositivos electrónicos de D’Alessio con los casos investigados por Santoro en su libro “El Mecanismo”, determinándose, que parte de dicha información había sido aportada ilegalmente al primero de ellos por el suspendido Fiscal bonaerense Juan Ignacio Bidone (procesado en la causa).

En cuanto a la falta de control de lo realizado por la Comisión, alegada por los abogados del periodista, el Juez señaló que se trataba de “una simple ficción que la defensa no explica”, ya que la C.P.M. indica su localización y los describe, y porque además ese procedimiento puede ser controlado por las partes en cualquier momento, ya que la prueba se encuentra a disposición para su compulsa en el Juzgado.

Sobre lo también sostenido por la defensa de Santoro, que debía precisarse “¿qué conocimientos o aptitudes técnicas, científicas o jurídicas posee la CPM para evaluar el contenido de notas periodísticas?”, el Juez resalta que en ningún momento se había ordenado evaluar el contenido de notas periodísticas. “La defensa pretende introducir que en la causa se evalúan notas periodísticas o el ejercicio de la actividad periodística” señaló, precisando que esa circunstancia que no guardaba ningún vínculo con el objeto de investigación, ya que éste en su esencia estaba constituido por maniobras ilegales, como la realización de coacciones, extorsiones, tráfico de influencias o actividades de espionaje ilegal por parte de una asociación ilícita y hasta incluso maniobras de lavado de dinero.

“No importa a esta investigación qué notas publicó un periodista, si sus fuentes eran buenas o adecuadas, o si su trabajo resultaba ético o no; todas esas cuestiones exceden el objeto de análisis de este sumario, y, en cualquier caso, podrían pertenecen al ámbito civil o resultar de acción privada o propias de la ética periodística” precisó Ramos Padilla en su resolución.

Por otra parte aclaró, que la Comisión no había realizado análisis jurídicos propios del caso, sino que simplemente había retomado algunas de las conclusiones ya desarrolladas y fundadas por él, cuestión que difícilmente podía causar agravio alguno a las partes. “Ninguna conclusión o análisis que realice la Comisión Provincial por la Memoria resulta vinculante para el Tribunal, ni exime al suscripto de realizar una valoración autónoma…” concluyó sobre el tema.

Sobre la ampliamente debatida utilización del término “operaciones psicológicas”, el Magistrado aclaró que dichas operaciones de acción psicológica que se investigan “son las realizadas por la asociación ilícita y no por periodistas”, que consistían dijo, en operaciones para afectar la psiquis, la voluntad de las víctimas, a través de diferentes mecanismos, que podían ser desde una entrevista personal, mensajes vía WhatsApp, conversaciones telefónicas y hasta publicaciones en los medios de prensa.

Por todo ello el Juez Alejo Ramos Padilla resolvió rechazar la nulidad planteada por la defensa de Daniel Santoro respecto del último informe presentado por la Comisión Provincial por la Memoria, y dispuso remitir copia de los resuelto a la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, por su posible vinculación con el Incidente de Nulidad que se encuentra radicado actualmente en dicho Tribunal de alzada.

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