Municipalidad Chascomus

En un fallo dictado a fines del mes de febrero pasado en el marco de la acción de amparo, el titular del Juzgado Correccional nº 2 Departamental hizo lugar a la misma y ordenó a la Municipalidad de Chascomús que pusiera a disposición del amparista la información ambiental pública que le había sido negada.

Se sostuvo en la presentación que la información requerida había sido negada en sede administrativa, que se encontraba vinculada con procedimientos y actos administrativos que el Municipio debía concretar para el control del uso de agrotóxicos en ese Partido.

Se señalaba que en diciembre de 2018 el Concejo Deliberante había sancionado la Ordenanza que regulaba el uso de agrotóxicos en el Partido de Chascomús, por lo que a raíz de ello en marzo de 2019 había solicitado por escrito información pública ambiental sobre procedimientos, expedientes y actos administrativos vinculados con el cumplimiento de control, registro y poder de policía que la norma señalaba y que debía cumplir el Municipio, entre ellos la difusión de la nómina de agroquímicos en los comercios autorizados, requisitos de habilitación de locales de venta de estos productos, recursos humanos y materiales asignados, etc.

Sostuvo el amparista que durante más de dos meses el Municipio había omitido brindar la información requerida, y que en mayo de 2019 un productor rural había fumigado con agroquímicos a escasos metros de una Escuela Primaria en pleno horario de clases, lo que lo había motivado a que efectuara un segundo pedido y denunciar lo acontecido, tras lo cual el Municipio le había notificado el rechazo a su solicitud mediante una resolución del Secretario de Gobierno, basada ésta en un dictamen de la Dirección de Asuntos Legales, donde se consideraba que por el momento no debía hacerse lugar a su petición, en la que se señalaba “un supuesto encuadre jurídico con excepciones” previstas en la norma pero sin dar explicaciones por qué su solicitud encuadraba en ellas, lo que el amparista consideró arbitrario y justificaba la presentación judicial.

Al contestar el traslado el apoderado de la Municipalidad negó haberse denegado el acceso a la información pública relativa a procedimientos, expedientes y actos administrativos vinculados con la ordenanza que regula el uso de agrotóxicos, señalando que lo relativo al tema de agroquímicos había sido incorporado en un Sistema de Gestión Integral de Aplicaciones de Agroquímicos denominado “Tomasa”, al cual se podía acceder a través de la página oficial y donde estaba toda la información solicitada por el accionante. Explicaba además que la información solicitada había sido denegada temporalmente, ya que la misma sería incorporada a dicha plataforma, la cual   se encontraba en proceso de desarrollo y funcionamiento. Además se señalaba, que al momento de la solicitud de información pública no se encontraba vigente la Ordenanza Municipal aludida, ya que la misma comenzaría a regir a los 90 días de vigencia de la Tasa de Seguridad Ambiental, por lo tanto la norma sobre el uso de agrotóxicos entraría en vigencia en mayo de 2019.

El Juez al analizar la cuestión señaló, “el Derecho a la Información Ambiental y el Derecho a su acceso, consisten el primero y de enorme importancia, en la obligación del Estado en adoptar una estrategia de publicidad de su actividad vinculada al medio ambiente y a la elaboración y a la difusión de información de naturaleza ambiental; mientras que el segundo, se vincula con el acceso ciudadano a la información ambiental administrada por el Estado, obliga a que éste instrumente un sistema jurídico especial que facilite a cualquiera la identificación y el acceso a la información seleccionada”.

Que siendo ambos Derechos, de Información Ambiental y de su Acceso, reconocidos “expresamente como un derecho superior tanto en la Constitución Nacional (art. 41) y de la Provincia de Buenos Aires (art. 12 inc. 4, art. 28), así como en materia convencional internacional con jerarquía constitucional…”, la Municipalidad de Chascomús había “adoptado una resolución carente de justificación, en perjuicio de un derecho de jerarquía superior…”.

Asimismo resaltó que la ausencia de motivación se reflejaba en la falta de notificación al requirente del Dictamen de la Dirección de Asuntos Legales de la Municipalidad que rechazaba su petición; que la fecha de entrada en vigencia de la ordenanza no resultaba un motivo razonable y atendible para que no se entregara la información requerida, dado que si el Municipio estaba trabajando en la puesta en funcionamiento del sistema “Tomasa” no resultaba necesario excusarse.

Por otra parte indicó, que la negativa momentánea por parte del Municipio fundada en dos excepciones que a su criterio lo habilitan a no brindar información, “no resultaba razonable y compatible con los principios de transparencia y publicidad de los actos de gobierno, como característica inherente de la forma republicana de gobierno adoptada que debe reinar en nuestro Estado Democrático de Derecho…Y más aún, tratándose de acceso a información ambiental, que constituye la herramienta primera con que cuenta la ciudadanía para poder participar en los procedimientos de toma de decisiones para lograr un medio ambiente sano”, resalto el Magistrado.

Más adelante agregó, que la doctrina ha precisado que la información que entrega el Estado “debe ser completa: que satisfaga íntegramente el propósito del solicitante, oportuna: evacuada en tiempo tal que no obstaculice el ejercicio de otros derechos, comprensible: de fácil interpretación por cualquier individuo, y veraz: adecuación entre lo sucedido y lo transmitido”.

Por ello el titular del Juzgado Correccional nº 2 de Dolores declaró nula la Resolución dictada por el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Chascomús e hizo lugar a la acción de amparo, ordenando al Municipio que pusiera a disposición del amparista la información pública ambiental que fuera por éste requerida en la sede administrativa.

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