Cuatro años y medio después de la decisión de la Cámara de Casación Penal de anular el fallo que absolvió por unanimidad a la docente Analía Schwartz por los delitos de abuso y corrupción de menores, se realizó una audiencia para definir la estructura y la dinámica del nuevo juicio que comenzará el 17 de octubre en el Tribunal Oral en lo Criminal 2.

Del encuentro a cargo de los jueces Alexis Simaz, Roberto Falcone y Néstor Conti participaron la fiscal Florencia Salas, los abogados César Sivo y Martín Bernat como representantes de distintos particulares damnificados y la abogada Patricia Perelló, quien sigue como defensora de la docente.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que las partes acordaron achicar el listado de testigos, lo que permitiría limitar la cantidad de audiencias ya que está previsto una duración de casi dos meses. “Va a haber jornadas de lunes a jueves y algunas podrían ser con actividad también por la tarde”, indicaron.

La parte acusadora planteó que se presente hecho por hecho, antes de las cuestiones de carácter general: se presenta un hecho denunciado, se escucha al o los padres, se ve la cámara Gesell y después se pasa al hecho siguiente. Al cierre de todos los casos –tanto en los que se imputa abuso o corrupción de menores- vendrían las cuestiones generales con los peritos de cada parte.

Los miembros del TOC N°2 deberán resolver un pedido de la defensa para incorporar seis nuevos testigos ya que se registró una oposición al planteo por considerarlo extemporáneo. “No hay plazo para hacerlo, pero debería ser en los próximos días porque falta casi un mes para el inicio del debate”, agregaron.

La privacidad del debate

Si bien todas las jornadas del juicio serán a puertas cerradas, se planteó la posibilidad de utilizar un servicio de streaming para que los padres tengan acceso al desarrollo de las audiencias. “Hay que aclarar que tendrían acceso al mismo recién cuando hayan declarado en condición de testigos”, explicaron las mismas fuentes.

La titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 pidió que el Tribunal dicte una orden directa para que no se difunda de manera alguna los nombres de los niños y de sus padres.

El pedido está en sintonía con la decisión que en septiembre del año pasado se tomó cuando se hizo el juicio por jurados en la causa que investigó el abuso sexual de una adolescente en el camping El Durazno. En esa ocasión y en cumplimiento de las normativas internacionales de protección de los derechos de niños víctimas, solamente se permitió la toma de imágenes antes de la primera audiencia y de los alegatos finales.

En el primero de los juicios que terminó con la absolución en mayo de 2017 de la profesora del Jardín de Infantes “Maminas” y el Colegio Gianelli por los hechos que presuntamente habrían ocurrido entre marzo y diciembre de 2012 y septiembre de 2013 en los institutos, respectivamente, el fiscal Fernando Castro –en ese momento a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°1- había pedido una pena de 24 años de prisión mientras que los particulares damnificados habían solicitado 28 años.

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