Este lunes fue localizada en la ciudad de Moreno (Pcia. de Bs. As.) la adolescente que se había ausentado de su hogar en nuestra ciudad en horas de la noche del pasado martes 5 de enero, encontrándose en excelentes condiciones de salud.

Más allá de la buena noticia su búsqueda produjo una particular controversia judicial entre dos jueces de nuestro Departamento Judicial, a partir que la Fiscal Dra. Verónica Raggio que investigaba la desaparición de la quinceañera solicitara con el fin de dar con su paradero pidiera la intervención de las comunicaciones telefónicas de su celular y el de una persona mayor que sería su novio para escuchas directas y captación de antenas.

Dicha solicitud la Fiscal la formuló ante el Juez de Garantías Dr. Gastón Giles, quien se declaró incompetente y la rechazó, disponiendo que las actuaciones pasaran al Juzgado de Familia Departamental.

El Dr. Giles sostuvo que tratándose de una menor de edad que había abandonado su domicilio y por la cual se requería la averiguación de su paradero, no se estaría “frente a una cuestión que tenga que ver con el Derecho penal, es decir la intervención de este fuero solo se da, cuando se prueba la existencia de un delito”, considerando que un Juez Penal “no podía jamás hacer prevención”, por lo cual no existiendo delito penal todas las ordenes debían “ser canalizadas y firmadas a través de la Justicia de Familia”, señalando también, que su intervención como Juez de Garantías solamente correspondía cuando hubiera un imputado en el proceso penal, lo que hasta ese momento la parte acusadora no lo había notificado, y resaltando que no podía como Juez Penal de Mayores adoptar ningún temperamento compulsivo con dicha menor, dado que todo lo concerniente al ejercicio de la patria potestad, su regulación y su tutela estatal debía ser ejercido por el Juez Competente.

Al recibir las actuaciones el Dr. Marcos Fernando Val, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial 4 de Dolores pero actuando como Juez subrogante del Juzgado de Familia Departamental, fue muy duro al analizar la resolución del Dr. Giles, señalando que una discusión entre dos integrantes del Poder Judicial no podía impedir que se adoptaran las medidas correspondientes para determinar las circunstancias en que la menor se había ausentado de su domicilio, resaltando al respecto la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, “que, como se sabe, determina que debe privar e informar todo el ordenamiento jurídico el superior interés del niño, el que no se respetaría si por cuestiones menores no se adoptan en forma urgente las medidas peticionadas por la Sra. Agente Fiscal”.

Sobre las afirmaciones del titular del Juzgado de Garantías nº 3 Departamental señaló el Juez a cargo del Juzgado de Familia, “que por supuesto la justicia no actúa haciendo prevención del delito, es un verdad de perogrullo, pero ante la posible comisión de uno interviene hasta tanto se pueda establecer si ese posible delito se cometió o no”. Y agregó que no podía dejar de preguntarse, “cómo sabía el Magistrado que la joven no ha sido llevada con engaños, que no estaba retenida en contra de su voluntad, etc”, resaltando que a su modesto juicio resultaba erróneo afirmar “que la justicia penal interviene cuando se comete un delito” o como textualmente sostenía el Dr. Giles “cuando se prueba la existencia de un delito”, porque la “existencia o no del delito quedará determinada con el dictado de la correspondiente sentencia, hasta tanto ello suceda la justicia penal investiga la probable comisión de delitos y en tal actividad recolecta elementos probatorios de la conducta ilícita”.

Que tampoco resultaba obstáculo para que dicho Magistrado interviniera la circunstancia que no hubiera una persona imputada, porque “muchas veces la investigación trata de determinar el autor del posible delito”, resultando “inimaginable que no se pueda investigar si no se tiene determinado el posible autor”.

Por otra parte y sin ser objeto de la actuación, el Dr. Val dijo que no quería dejar de resaltar “la falta de perspectiva de género” del Dr. Giles, como también el desconocimiento del estatus jurídico de los niños, niñas y adolescentes, “que no se encuentran más sometidos a la patria potestad de sus progenitores desde el año 2015, ni están bajo la tutela de organismo alguno, ya que son sujetos de derecho y no objeto de tutela alguna”.

Es de consignar que el Dr. Val al no ser un Juez Penal no pudo autorizar las intervenciones telefónicas que procuraba la Fiscal Raggio para dar con el paradero de la menor, razón por la cual ésta recurrió en queja ante la Sala I (de turno en la feria) de Cámara Penal de Dolores, en cuyo trámite el Juez Dr. Felipe Defelitto a fin de resolver se remitió a los sólidos argumentos expuestos por el Dr. Marcos Fernando Val en su resolución, resaltando que el Dr. Giles había olvidado que la finalidad de toda IPP “es comprobar, mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad, si existe un hecho delictuoso. Esto no es prevención sino investigar seriamente si la menor de edad corre o no peligro en su vida y en su integridad física” concluyó, resolviendo que el titular del Juzgado de Garantías 3 “en función de la urgencia y gravedad de los hechos motivos de investigación”, debía ordenar en forma inmediata la intervención telefónica con escucha directa de los abonados y captación de antenas tal como lo había solicitado la Fiscal Raggio.

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