En el marco de un juicio por jurados realizado en la ciudad de Azul, dos efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense fueron declarados “no culpables” de la acusación que pesaba sobre ellos, por presuntos ilícitos ocurridos en la Unidad 37 de Barker.

Se trata del dolorense Subprefecto Eduardo Ramírez (37 años) y del Sargento Carlos Martínez (oriundo de Benito Juárez y de 40 años), denunciados en 2015 por incumplimiento de los deberes de funcionarios público, facilitación de armas de fuego, cohecho y comercialización de estupefacientes.

El veredicto que los absolvió se conoció este lunes en el Palacio de Justicia de aquella ciudad, tras lo cual ambos procesados recuperaron su libertad.

Ramírez era Jefe de Vigilancia y Tratamiento en la Unidad 37, y Martínez estaba a cargo de uno de los pabellones del establecimiento.

Durante el proceso familiares y allegados de los penitenciarios imputados, sostuvieron reiteradamente que se trataba de una causa armada con “clara intencionalidad política”, ya que no existían pruebas para acusarlos.

Precisamente los abogados defensores durante el juicio, al pedir la absolución de sus defendidos denunciaron ante el jurado que las acusaciones no tenían sustento, que habían sido formuladas sobre la base de una causa “armada”, con un expediente sustanciando sobre falsas imputaciones en el marco de una trama para involucrar a ambos imputados nacida de parte de los propios internos del penal, con el asesoramiento de una abogada, avalada por una agrupación política (luego disuelta) que llevaba presos a actos kirchneristas.

Según relataron los procesados, todo había comenzado cuando la abogada había presentado un habeas corpus colectivo tras un motín en esa Unidad Penitenciaria, a través del cual 61 presos denunciaban malas condiciones de alojamiento. Y en marco, durante una recorrida de funcionarios judiciales, los internos facilitaron un soporte digital con imágenes en las que se veían supuestos “bagullos” de marihuana y a un detenido sosteniendo un arma de fuego.

En ese contexto se le atribuyó a los penitenciarios haber recibido dinero de los internos a cambio de entregarles diferentes elementos, entre los que se mencionaban teléfonos celulares, bebidas alcohólicas y drogas. Además fueron acusados de darles a los presos un arma de fuego, la que después sería hallada durante una requisa.

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