Cesar_Melazo

Lo hacía como Ministro de Justicia de la Provincia, por considerarlo involucrado en conductas reprochables como Juez de Garantías del Departamento Judicial La Plata. La política y la corporación judicial desoyeron esos hechos que habrían evitado situaciones más graves. Recientemente detenido, el ex magistrado está acusado entre otras cosas de proteger a una superbanda de ladrones, policías y barras bravas.

 

El ex Juez de Garantías de La Plata César Melazo es noticia casi a diario, luego de su detención acusado de integrar una superbanda de ladrones, policías y barras bravas, vinculada con el armado de causas y extorsiones.

Y cuando muchos parecen hoy rasgarse las vestiduras por el accionar del ex juez, la denuncia formulada en julio de 2003 por el Dr. Alfredo Meckievi como Ministro de Justicia de la Provincia, demuestra que la actividad rayana con el delito Melazo la venía desplegando desde al menos el año 1997, pudiendo concluirse que si no fue juzgado y destituido como por entonces se solicitó, fue por la protección política –no del Gobernador Solá y su ministro- y de la corporación judicial que tenía el entonces magistrado.

Este diario pudo tener acceso a la denuncia que formuló Meckievi en julio de 2003, a la carta documento que le remitió Melazo exigiéndole que se rectificara, como también la lacónica respuesta del entonces Ministro diciéndole que se defendiera ante el Jury.

La denuncia fue presentada ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, solicitándose la formación del Jurado de Enjuiciamiento, se realizara formal acusación contra Melazo y de corresponder se procediera a su destitución.

Entre otras cosas se lo denunciaba por “Incompetencia o negligencia reiteradas”, destacándose que era el Juez del Departamento Judicial La Plata con mayor número de sentencias y resoluciones revocadas o anuladas, entre ellas dos causas penales en las que había declarado la nulidad de las actas de secuestro practicadas por personal policial, como tampoco había hecho lugar a los pedidos de detención de dos involucrados en el delito de “encubrimiento agravado”.

Estos casos habían ocurrido en dos comercios de autopartes, donde la policía había determinado con la intervención de peritos que había vehículos y autopartes con pedidos de secuestro, razón por la cual se había aprehendido en ambos casos al responsable del local.

Las nulidades decididas por Melazo colisionaban con los múltiples pedidos de secuestro sobre esos vehículos y autopartes y que provenían de otras jurisdicciones, puntualizando la denuncia, que el Juez no podía haber ordenado la entrega de esos bienes producto del recupero ya que no tenía competencia para hacerlo.

Causa que instruyó sin dar participación al Fiscal: se trata de un caso de 1997 donde el denunciante afirmaba que funcionarios de la DGI le solicitaban dinero para no tener problemas con la inspección que le estaban realizando. Melazo sin dar intervención al Fiscal dispuso la detención de una persona, sorprendida según afirmó “cometiendo el delito de extorsión”, ordenando también un allanamiento y la detención de otra. Recién un año después dio intervención al Fiscal, quien además de destacar que la denuncia no tenía “cargo judicial”, es decir fecha de ingreso al Juzgado, precisó que por tratarse de funcionarios nacionales los denunciados la justicia provincial no era competente.

“Queda claro que desde un inicio el Juez conocía la calidad de funcionarios o agentes de la nación de los sindicados, sin desmedro de ello construyó en forma absolutamente ilegal, el edificio sumarial” dice la denuncia, agregando que Melazo “había destruido el derecho de defensa en juicio y el debido proceso”, además de violar una propiedad privada y privar de su libertad a esas dos personas. “…utilizó la justicia provincial como ámbito cercenante de las mínimas garantías constitucionales de los ciudadanos imputados” se afirmaba sobre el accionar del magistrado.

Extraña equivocación: en el marco de un recurso de amparo en que intervino Melazo, éste dispuso que en el término perentorio de tres días el Banco Provincia entregara a la “Asociación Mutual de Servidores Públicos de la Provincia de Buenos Aires (SEPUBA) -de los fondos que tenía preventivamente embargados por el “corralito financiero”- la suma de U$S 3.015.000, mientras que los amparistas habían solicitado la liberación de 3.015.000 pesos o en su defecto U$S 1,168.604.

La Cámara al revocar esa decisión descartó que se hubiera tratado de un simple error material, indicando que en las decisiones judiciales que ordenan medidas cautelares se debían extremar los recaudos, y que la decisión del Juez de apartarse sin fundamento alguno de lo pedido por la propia interesada, resultaba descalificable como acto jurisdiccional.

 

Melazo y el juego clandestino: la Cámara Penal nº 3 de la Plata detectó una serie de “irregularidades” en decisiones tomadas por el Juez Melazo en distintas causas por juego clandestino. Por ejemplo las sumas desproporcionadas que imponía como fianzas ($. 100.000, reducidas por la Cámara a 20.000) cuando “no se encontraba aún acreditado el perjuicio causado”.

O distintos expediente por esos mismos delitos perpetrados en jurisdicción del Departamento Judicial Bahía Blanca, en los que Melazo sin tener competencia o estar de turno se había hecho cargo de los mismos invocando que el damnificado era la Lotería provincial, resolución que la Cámara revocó enviando las actuaciones al juez natural correspondiente de aquél Departamento Judicial.

Es de destacar que esta situación se repitió según la denuncia y se detalla, en once casos de habeas corpus, indicándose que “el gigante de cien brazos jugaba a ser el Dios Arbitrio. Con un simple decreto borró capítulos enteros de la ley procesal, pretendiendo centralizar todas las causas del juego clandestino y por ende sus múltiples intereses en la sala de un sólo despacho, obviamente el suyo”.

En uno de esos casos de habeas corpus la Cámara sostuvo  que se habían violado las normas sobre jurisdicción, considerando asimismo como “sorprendente” la actitud del Juez en las directivas que había dado a toda la Policía de la Provincia, “detener e incomunicar a todos los capitalistas de juego clandestino”, debiendo para ello solo requerir la orden de allanamiento “fundamentada con tareas de inteligencia”.

El Tribunal señaló que el Juez se había excedido en ese tipo de instrucciones, ya que esas directivas excedían los límites de su jurisdicción y las había impartido “en franca contradicción con las disposiciones del Código de Procedimiento…”.

Conductas cuestionables: el magistrado había efectuado una serie de publicaciones como “columna de opinión” en el diario “El Día” de la ciudad de La Plata, sobre las que denuncia precisaba, que éstas “lejos de constituir trabajos académicos, repetían consideraciones políticas sobre materia de seguridad, estrategias, líneas de acción, prioridades, etc. (…) propias de quien intenta postularse para un cargo electivo, pero incompatibles para quien se le ha confiado el deber de Juzgar”.

Se puntualizaba que ese accionar mostrándose como paladín de la seguridad dentro del Poder Judicial, culminaba con una vinculación con un personaje de la política que casualmente sustentaba su eje de campaña con esa temática vinculada con la prevención y represión del delito, Luis Patti, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente Acción Federalista (PAUFE), quién precisamente en innumerables medios de comunicación había manifestado que el Dr. César Melazo lo acompañaría en la lista como candidato a primer Diputado Nacional por la Provincia.

Se precisó que Melazo lejos de negar esa posibilidad lo había reconocido, indicando que ello era “un honor” y agregando, “más aún con un candidato como Patti, que está en el proyecto presidencial de Carlos Menen”. Y que no sólo eso había ocurrido, sino que el Juez mientras “pensaba su decisión” había concurrido a actos partidarios y había acompañado a Patti a diferentes entrevistas. Y se resaltaba, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación atento normativas vigentes había recordado que los magistrados no “podían tener actividad política partidaria”

El pedido de Jury:

“Lo ostensible de su conducta denotan una falta de prudencia tal, que hace suponer un grado de omnipotencia que perfilan al menos, una personalidad desbordada. Es un juez que supera los límites cuando fija una fianza, que resuelve más allá de su competencia de manera reiterada, que se excede en su exposición y en sus manifestaciones públicas. Igual desmesura se observa en la forma y modo de expresarse cuando se dirige a un órgano jurisdiccional en causa propia, o cuando avanza sobre el Poder Ejecutivo impartiendo instrucciones generales al personal policial…” resumía la denuncia

“Detrás de cada exceso hay una limitación o restricción a los derechos o facultades de otros, y esta conducta no puede apañarse ni tolerarse cuando la misma emana justamente de los que están llamados a reguardar y hacer efectivas las garantías a aquellos” precisaba el pedido para que César Melazo fuera juzgado, lo que como dijimos al principio no ocurrió.

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