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En la causa por “usurpación y daño” en Dolores, donde aún no han podido ser indagados ante múltiples planteos procesales, los imputados Mariana Etchevarren, Andrés Cretón y el contratista municipal, cuya defensa presentó precisamente la apelación ahora rechazada.

 

 

En una fallo reciente dictado por la Cámara Penal Departamental, se rechazó la apelación planteada por uno de los imputados en una causa por “usurpación de inmueble y daño” en Dolores, donde además lo están por “Abuso de autoridad” dos funcionarios municipales, la Asesora Letrada y un ex Jefe de Obras Públicas de nuestro Municipio.

Esta causa, que tuvo inicios en noviembre de 2011 a partir de la denuncia que formulara José Feliciano Salinas, dando cuenta que funcionarios municipales y un contratista habían ingresado sin autorización al predio cuya posesión detentaba desde el fallecimiento de su padre, donde con una topadora habían tirado abajo la precaria vivienda donde vivía, ha tenido por parte de los involucrados y sus respectivas defensas varios y repetidos planteos, tanto nulidades como apelaciones, logrando con todo ello que a la fecha no hayan podido ser indagados.

A fines del mes de marzo pasado la Fiscal Dra. Verónica Raggio citó nuevamente a indagatoria a los imputados, luego que el Juez de Garantías Dr. Christian  Gasquet, indicara que al denunciante se lo había “mantenido en ilegal estado de incertidumbre procesal” por el lapso transcurrido desde que formulara la denuncia, precisando ese fallo la validez de los actos procesales que las defensas habían cuestionados. Sin embargo con distintos argumentos los tres imputados faltaron a la cita judicial, conociéndose ahora del rechazo por parte de la Cámara Penal de la apelación planteada por la defensa del contratista, lo que hace presumir que podrían ser todos indagados.

El recurso y la resolución:

El Defensor Particular de Ricardo Díaz, el Dr. Pablo M. Hawlena Gianotti, apeló la decisión del Juez de Garantías Dr. Christian Gasquet que no hizo “lugar al planteo de insubsistencia de la acción penal (Nota: Derecho que tiene un imputado a ser juzgado en un plazo razonable) y nulidad” pedidos por el abogado.

En su apelación Hawlena Gianotti sostuvo, que la resolución del Juez de Garantías carecía de toda lógica y legalidad, en razón que nada había impedido al Estado avanzar en la investigación y escuchar a su defendido en plazos razonables, no debiendo achacarse a la defensa los retardos registrados, precisando lo ocurrido con un escrito que había permanecido traspapelado, que era en beneficio de todos los coimputados y en particular para su pupilo procesal. Que habiendo sido responsabilidad de la Fiscalía y afectaba gravemente la garantía del debido proceso y defensa en juicio, esa situación provocaba la nulidad absoluta del proceso.

Sin embargo para el Juez de Cámara Dr. Fernando Sotelo luego de analizar los elementos obrantes en la investigación, la apelación no debía prosperar, indicando al respecto:

Que el Fiscal Gustavo García en enero de 2013 había llamado a los tres coimputados a “declaración indagatoria”;  que en noviembre de 2014 el mismo Agente Fiscal había efectuado un nuevo llamado entendiendo que había motivos bastantes para sospechar que Andrés Cretón y Mariana Etchevarren habían participado de todos los delitos en carácter de coautores, y Ricardo Díaz como coautor de “Daño” y Cómplice Primario de Usurpación de Propiedad, quien revocó en esa oportunidad la designación de su defensor particular y designó como abogada a la Dra. Sandra Taballa, pidiendo esta la suspensión de la audiencia por haberse interpuesto un pedido de extinción de la acción penal ante el Juzgado de Garantías actuante (que también había presentado el Dr. César Sivo, defensor de los otros dos imputados).

Al resolver el Juez de Garantías Dr. Emiliano Lazzari, precisó sobre Díaz, que pese a que no detentaba “la calidad de funcionario público” (Nota: para un delito no corre la prescripción mientras sea funcionario) era considerado partícipe de un delito supuestamente cometidos por Mariana Etchevarren y Andrés Cretón, que si lo eran, resolución que fue apelada ante la Cámara, donde el mismo Juez Sotelo al resolver había precisado, “el concepto de funcionario público abarca a todo aquel que sin importar su forma de ingreso ni las normas que rigen su relación, presta servicios al Estado”, indicando por entonces el Magistrado: “opinar lo contrario, pondría en juego toda la transparencia que la comunidad exige de aquellos que de alguna manera tienen injerencia en la administración de los recursos comunes”.

Y siguiendo con el racconto el Dr. Sotelo indicó, que el Fiscal interviniente había fijado una nueva fecha de las indagatorias para agosto de 2015, presentándose en esa oportunidad el Dr. César Sivo -defensor de Cretón y Etchevarren- haciendo saber que había recurrido con un “recurso de queja” ante Casación, que el Juez precisó, la Sala IV había rechazado por improcedente.

Que en noviembre de 2016 la Dra. Taballa había renunciado a la defensa de Díaz, mientras que en febrero de 2017, el Fiscal, considerando que habiendo quedado firme la sentencia dictada por Casación y que se encontraba “vigente la acción  penal” volvió a citar a los tres imputados a indagatoria, solicitando el Dr. Sivo en esa oportunidad la reprogramación de la fecha fijada. En ese mismo tiempo Díaz designó como nuevo abogado defensor al Dr. Pablo Hawlena Gianotti, quien recusó a la nueva Fiscal, la Dra. Verónica Raggio, e interpuso ante el Juzgado de Garantías entre otras cosas su pedido de “Insubsistencia de la Acción Penal”.

Sobre el particular resaltó el Juez Sotelo, que luego de haber efectuado ese repaso “por el derrotero procesal que ha transitado las presentes actuaciones”, la Fiscalía no sólo había dado cumplimiento con los plazos previstos en el Código, sino que había dispuesto la realización de variadas diligencias probatorias para el esclarecimiento de los hechos denunciados, por lo que de ninguna manera la defensa de Díaz podía alegar que se había  mantenido a su pupilo “en estado de incertidumbre procesal penal, cuando lo cierto es que obra una intimación penal clara, precisa y delimitada…”, siendo precisamente aquella quien no había optado “por ejercer en tiempo y forma el acto material de Defensa”, el que se traduce en prestar declaración cuando un imputado es llamado a indagatoria. Precisando asimismo el Juez, que los pedidos que habían efectuado las defensas a lo largo de la investigación… habían “conspirado contra la ejecución de aquél acto de defensa”.

También indicó, que José Feliciano Salinas, denunciante y constituido en Particular Damnificado, en numerosas oportunidades había pedido que se cumpliera con la indagatoria de los tres imputados, “que al día de hoy no se ha materializado, en razón de los múltiples pedidos de las defensas…” que no posibilitaron que ocurriera, resaltando el Dr. Sotelo que esas solicitudes del denunciante ponían más en evidencia la actitud asumida por los imputados y sus defensas.

Por ello y no advirtiendo que la Fiscalía hubiera “excedido los plazos razonables de duración del proceso, habida cuenta que la demora en que se ha incurrido…” había obedecido “a la excepción de prescripción de la acción penal” impetrada ante distintas instancias (Juzgado, Cámara, y Casación), consideró el Magistrado que correspondía rechazar el planteo de insubsistencia la acción penal incoado por el Dr. Hawlena Gianotti. En cuanto al planteo de nulidad, indicó que no se advertía “de qué modo se han visto afectadas las garantías constitucionales que el letrado particular entiende que se han vulnerado”, indicando que se encontraba para todos los imputados “garantizada la Defensa en Juicio de los mismos y el Debido proceso legal”.

Por ello el Dr. Fernando Sotelo acompañado en el voto por la Dra. Susana Miriam Yaltone, resolvieron  rechazar el recurso planteado y confirmar lo resuelto por el Juzgado de Garantías interviniente, en cuanto no hizo lugar al planteo de “insubsistencia de la acción penal y la nulidad planteada”.

Finalmente se podría indicar, que de no surgir alguna nueva presentación de las activas defensas de los involucrados, se debería finalmente cumplir con las audiencias indagatorias que prevé el Código Procesal Penal de la provincia.

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