Por el Dr. Héctor Ulises Napolitano

En las actuales encuestas de opinión, el Poder Judicial aparece ante la apreciación popular como el poder del Estado más cuestionado. Por su parte, la inseguridad como uno de los grandes problemas, junto al económico y laboral, que más afligen al común de la gente.

La inseguridad es un problema desde hace tiempo instalado en la sociedad argentina, y en creciente aumento, no solo por el número de delitos, sino también por la implementación de nuevos modus operandi para cometerlos, por lo que resulta una cuestión compleja a resolver.

No obstante ello, soy de la opinión de que Argentina no es el país que tiene hasta el momento un alto grado de inseguridad con relación a otros países, incluso desarrollados (Estados Unidos, por ejemplo) y de Latinoamérica (Méjico, Brasil, etc.). Además, en las estadísticas hay siempre un número más o menos constante de delincuentes reincidentes y reiterantes, que se encuentran individualizados, y que hacen del delito una suerte de ocupación y profesión, en orden a los delitos contra la propiedad que son los que se hallan en primer lugar, e incluso los delitos sexuales, donde también su incidencia y reincidencia es alta.

Quien se encarga de la seguridad es el Estado tanto nacional como provincial, a través de la Policía Federal y de las provinciales en sus respectivas jurisdicciones, y a veces de manera conjunta, habiéndose sumado también a Gendarmería, que si bien es una institución cuya función es controlar el tránsito de personas y mercaderías en las fronteras, está también capacitada para prestar servicios de seguridad, especialmente en los grandes conglomerados urbanos.

La función de la seguridad es precisamente dar seguridad en orden a la protección de las personas y de la tranquilidad pública y social a través de la prevención del delito (evitar en lo posible su comisión, y de cometerse aprender a quienes los cometen).

En tal sentido, para evitar confusiones en que muchas veces se incurren, hay que delimitar las responsabilidades en orden a la seguridad y en orden a la justicia.

La seguridad es responsable de la falta de vigilancia en   lugares donde reiteradamente se cometen delitos, como también cuando en connivencia con los delincuentes permite que existan zonas liberadas para que ellos puedan actuar con total impunidad.

La justicia es responsable de la detención o la soltura de delincuentes aprendidos por las fuerzas de seguridad. Incluso, salvo en la aprensión del delincuente en in fraganti delito, las fuerzas de seguridad no pueden actuar sin previa orden de allanamiento y de detención impartida por el Poder Judicial, porque dichas fuerzas de seguridad como auxiliares de la justicia, no actúan por sí, sino por mandato de la Justicia. De allí que en muchos casos, la demora en la aprensión de delincuentes es imputable al Poder Judicial, y solo en menor medida a las fuerzas de seguridad, pues en ciertas ocasiones necesitan hacer averiguaciones para hallar con su paradero. La puerta giratoria por donde entran y al rato salen los delincuentes la maneja el Poder Judicial y no los organismos y fuerzas de seguridad.

Tantísimas veces he escuchado decir a funcionarios y agentes de seguridad “nosotros detuvimos al delincuente y el juez tal o cual lo liberó”. La pregunta ahora es ¿el problema es de las leyes o de cómo el Poder Judicial las aplica?

La respuesta, en mi opinión, es de ambos, aunque en mayor medida del Poder Judicial que es el encargado de interpretarlas y aplicarlas en cada caso concreto, en donde juegan las circunstancias objetivas del hecho, pero también las circunstancias personales del delincuente (por ejemplo antecedentes penales) y el criterio del juez en definitiva, en cuanto a su íntima convicción sobre la peligrosidad del imputado, para ordenar o no su excarcelación o libertad provisoria. También morigeraciones o alternativas de prisión, entre las que se encuentran las hoy tan famosas por su número y reiteración, detenciones domiciliarias, dispuestas en muchísimos casos fuera de los supuestos específicamente previstos por el Código Penal.

El principio de inocencia hasta que no se declare la culpabilidad por sentencia judicial firme, es una garantía constitucional que debe ser observada, lo que no obsta, en mi opinión, a que se dicte la prisión preventiva cuando el delito no es excarcelable y existe semiplena prueba de la responsabilidad de quien resulta imputado procesado por el mismo.

Los tratados internaciones sobre Derechos Humanos la admiten, pero con la condición de que sea por un tiempo razonable (2 o 3 años, no más). Sin embargo, muchas veces nos enteramos de procesados que por el vencimiento de dicho plazo, y por no tener todavía juicio ni sentencia firme son excarcelados o puestos en prisión domiciliaria. Tal situación se produce por la demora en que incurre la Justicia en el trámite del proceso, que la oralidad no ha logrado agilizar, sino por el contrario dilatar mucho más las fechas del debate oral, no obstante haberse creado y descentralizado más Fiscalías de Instrucción.

No hay que olvidar, también y fundamentalmente, que la gran mayoría de los jueces de las nuevas promociones, se han formado en las teorías abolicionistas de la pena, cuyo máximo precursor es el ex magistrado de la Corte Suprema de la Nación, Dr. Eugenio Zaffaroni, lo que constituye una doctrina inclinada más a garantizar los derechos humanos del victimario que de las víctimas de delitos, e incluso minimizando y agravando a la vez la inseguridad existente de una sociedad que vive permanentemente con temor y pidiendo justicia.

¡Saque Usted sus propias conclusiones!.

 

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