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Lo hicieron tres Concejales respecto del Jefe Comunal, y la totalidad del arco opositor en el Concejo para con quien lo preside. Las violaciones a la ley denunciadas, lo son respecto a hechos relacionados con el tratamiento de la Rendición de Cuentas 2017.

En una presentación realizada por miembros del Concejo Deliberante local con el patrocinio letrado del Dr. Mauricio Caporaletti, fueron denunciados penalmente -por separado- el Intendente Camilo Etchevarren y la Presidente del Cuerpo Sra. Daniela Arrabit.

Por una parte las Concejales Susana Cánepa (Frente Renovador), Verónica Celasco y Berenice Giménez (PJ-Unidad Ciudadana), denunciaron al Jefe Comunal por el presunto delito de “violación de los deberes del funcionario público e Incumplimiento de una orden emanada de un funcionario público en ejercicio legitimo de sus funciones”.

Los hechos denunciados fueron: que en su carácter de Concejales habían solicitado en reiteradas oportunidades al Intendente Etchevarren, sin obtener repuesta, la exhibición de los Decretos por él dictados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, a los fines de poder analizar la Rendición de Cuentas de ese año en el marco de lo que dispone el Art. 23º inc. 11 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Que dicha solicitud se encontraba respaldada por la obligación del Ejecutivo municipal de garantizar el acceso irrestricto de los concejales, a los libros pertinentes y a la documentación respaldatoria correspondiente.

El otro hecho: que el pasado viernes, el Juez en lo Contencioso Administrativo Dr. Antonio Escobar, en una resolución -cuya copia acompañaron- había ordenado al Intendente Etchevarren que pusiera a disposición de los Concejales recurrentes en una oficina habilitada a tal fin, la totalidad de los decretos dictados en ese período de referencia, en el plazo de 15 días hábiles a partir de la notificación.

Precisaron las denunciantes, que esa resolución del Juez le fue notificada al Intendente ese mismo día viernes, incumpliendo Etchevarren dicha manda, quedando su “conducta enmarcada en desobediencia a una orden judicial”.

 

Denuncia contra la Presidente del Concejo

La denuncia contra la también Concejal de “Cambiemos”, Daniela Arrabit, formulada por los Concejales que integran los dos Bloque opositores en el Concejo, Susana Cánepa, Ricardo Ghiglione (Frente Renovador), Verónica Celasco, Facundo Celasco, Berenice Giménez y Gonzalo Tavela (PJ-Unidad Ciudadana), fue por “Abuso de autoridad e Incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

En la misma se indica, que conforme lo resuelto en la sesión del 9 de abril de 2018 por el HCD de Dolores en pleno, las sesiones ordinarias para el presente período se llevarían  a cabo “los segundos lunes de cada mes en el horario de las 19”. Que conforme ello y teniendo en cuenta el cronograma de sesiones, correspondía hacerlo el pasado lunes 14 de mayo.

Que precisamente ese día los Presidentes de Bloques habían recibido una notificación vía wthassapp, donde la Presidente del Concejo les decía textualmente: “Buenos días…en virtud de haber recurrido la decisión judicial del Exp. 14809, esta presidencia resuelve suspender la sesión del día hasta tanto se resuelva la cuestión planteada”.

Al respecto los denunciantes precisaron, que la Presidente del Cuerpo por “motus propio”, de manera unilateral, y sin tener facultades para ello, había decido suspender la sesión del Concejo Deliberante, argumentando que lo hacía por haber recurrido la Resolución del Juez Antonio Escobar.

Y al respecto resaltaron, que Arrabit “no posee las atribuciones necesarias para tomar tamaña decisión. Su extralimitación ataca de manera grosera, flagrante y abierta nuestro sistema representativo, republicano y federal de gobierno, se arroga facultades dignas de gobiernos totalitarios que van en detrimento de la misma democracia que tanto sacrificio costó al pueblo argentino”.

Luego de analizar las atribuciones y deberes que según la ley Orgánica de las Municipalidades tiene el Presidente del Concejo Deliberante, los Concejales denunciantes resaltaron, que en ninguna parte se lo faculta para suspender sesiones ordinarias, más precisamente del poder de gobierno representa de manera directa al pueblo de Dolores.

Por último, entendieron los denunciantes y así lo plantearon, que Daniela Arrabit excedió sus facultades “abusando del poder… e incumpliendo sus obligaciones como funcionario público”, quedando claramente tipificada su conducta en el Art. 248º del Código Penal, la que consideraron dolosa, porque “estaba en pleno conocimiento de la decisión que tomaba y a sabiendas de las consecuencias…”.

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