Por el Dr. Héctor Ulises Napolitano.

 

Recuerdo haber estudiado en Derecho Constitucional la diferencia entre democracia formal y real.

Si bien la democracia es una forma de gobierno en sentido formal, también algunos la definen como un modo de vida que adoptan los pueblos que quieren vivir en libertad y ser soberanos a la hora de elegir a sus representantes y también de exigirles que gobierne con el pueblo y para el pueblo, es decir que satisfagan las necesidades y reclamos que tienen y demandan las mayorías populares.

De allí, que las actuales democracias no se pueden circunscribir solamente al derecho de elegir y ser elegido y de renovar periódicamente a sus representantes a través del voto popular, que es su aspecto formal, sino al real que es adoptar la democracia como un modo de vida, por ejemplo respetar y garantizar el pluralismo político e ideológico, promover el diálogo entre gobernantes y gobernados, reconocer el derecho de asociarse, de peticionar a las autoridades, la libertad de prensa sin censura previa, el imperio de la ley y la igualdad ante ella, el acceso irrestricto a la justicia y la protección y amparo de los derechos individuales ante acciones u omisiones del Estado que los desconozcan, violen o menoscaben.

Pero hay quienes van más allá y pretenden que la democracia sea el sistema político-institucional que de satisfacción a las necesidades que tiene la gente y que los que la gobiernan se comprometen a dar tales respuestas, en especial en el campo social y económico.

En tal sentido, Perón definía a la democracia como “el gobierno que hace lo que quiere el pueblo y defiende un solo interés: el del pueblo”. Por su parte el Dr. Alfonsín de manera similar introdujo la frase: “con la democracia se come, se educa y se cura”.

Ambos enunciados refieren a la democracia real, es decir a la forma o sistema de gobierno que debe responder a los intereses y necesidades del pueblo, que no es otra cosa que su bienestar y dignidad (bien común y respeto a la condición humana y a la persona como sujeto de derecho).

Se dice de la democracia que es el sistema político menos malo con respecto a la monarquía y la aristocracia, pero a su vez el más imperfecto por ser el mayor exigente de los otros dos, ya que en la democracia el soberano es el pueblo y el gobierno su representante, mientras en la monarquía el soberano es el rey o monarca y en la aristocracia una clase minoritaria que se considera apta y capaz para gobernar.

La democracia ha tenido con el tiempo nuevos perfilamientos, de acuerdo a las necesidades históricas del momento. En tal sentido, de la tradicional democracia liberal se pasó después de la primera y especialmente de la segunda guerra mundial a la democracia social y de la burocrática y partidocrática a la participativa a través del reconocimiento de entidades intermedias que agrupan a personas de diferentes actividades y fines, y que influyen notablemente en la toma de decisiones políticas a nivel gubernamental, tales como asociaciones sindicales, empresariales, de comerciantes, productores, consumidores, usuarios, defensores del medio ambiente, etc. incluso incorporándose constitucionalmente la iniciativa popular a nivel legislativo y al Defensor del Pueblo para asistir a toda persona que sea víctima de la violación de derechos humanos por parte del Estado.

La democracia Argentina desde su advenimiento a fines del año 1983 ha evolucionado en el sentido antes señalado, teniendo algunos problemas de orden institucional aún pendientes de resolver como especialmente el de la independencia de Poder Judicial, que hasta ahora, particularmente en el ámbito federal, ha mostrado una tendencia en favor de los gobiernos de turno a la hora de tramitar y resolver causas judiciales que involucran por corrupción a funcionarios políticos en ejercicio de sus cargos, habiéndose probado la presión en tal sentido del poder político sobre el judicial y la permeabilidad de ciertos jueces para ceder ante ella. Lo que habla de un grave problema institucional a resolver, la que incluye también la imparcialidad que deben tener los organismos de controles de la función pública.

No obstante ello, varios atribuyen como “deudas de la democracia” problemas socio-económicos como los altos niveles de pobreza, hambre, desocupación, etc.

La democracia nada tiene de responsabilidad respecto a tales problemas, pues es una forma o sistema político de gobierno cuyo único fin es posibilitar que el pueblo a través del voto elija a quienes lo gobiernan, dándoles a éstos el marco institucional para hacerlo conforme al Estado de derecho y al régimen republicano.

La culpa de esos problemas socio-económicos es producto de las malas políticas implementadas por los gobiernos, que por haber sido elegidos democráticamente no es motivo para transferir a la democracia como forma o sistema político una responsabilidad que no tiene.

Decir, como algunos manifiestan, que la pobreza, el hambre y la desocupación es una deuda de la democracia es similar como cuando se dice “este país es inviable”, cuando lo inviable son las políticas que implementan quienes lo gobiernan.

Por suerte el pueblo ha madurado mucho en esas casi cuatro décadas de vigencia de la democracia, pues no discute a la democracia, la que hoy es indudablemente indiscutida, sino a los gobiernos que no la honran al aplicar políticas que generan mayores injusticias y desigualdades sociales, con las lógicas reacciones populares de movilizaciones y piquetes permanentes.

“Lo que falla no es la democracia, sino las políticas neoliberales que generan grandes desigualdades económicas y sociales”.

“La democracia pasa de formal a ser real cuando los gobiernos dentro de ella aplican en sus políticas el concepto distributivo de justicia social”.

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