Ramos Padilla TAPA

Más allá del avance del Dr. Ramos Padilla con las actuaciones, en razón que el Dr. Juan Pablo Curi sostiene que lo está haciendo sin impulso fiscal, como así lo determina el C.P.P.N.

La causa por la presunta extorsión que habría perpetrado Marcelo D’Alessio, como los posibles delitos de espionaje ilegal que habrían surgido de la misma, tiene día a día novedades, principalmente porque el Juez Federal Dr. Alejo Ramos Padilla avanza con indagatorias, testimoniales y otras medidas.

Sin embargo el destino de las actuaciones es incierto, a partir que el Fiscal Dr. Juan Pablo Curi sostiene que el magistrado está actuando en contrario a lo que dispone el Código Procesal Penal de la Nación y así se lo advirtió.

Por ello nos parece oportuno retrotraernos para ver que sostiene cada funcionario judicial, más allá que seguramente será la Cámara Federal de Mar del Plata o la Cámara Federal de Casación Penal de la Nación quién termine dirimiendo la cuestión.

El Fiscal Federal de Dolores Dr. Juan Pablo Curi en un dictamen firmado el 28 de febrero ppdo. pidió al Juez Federal de Dolores, Dr. Alejo Ramos Padilla, que se declara incompetente para seguir actuando en razón que los hechos investigados no habían ocurrido en la jurisdicción de su Juzgado. Indicó que debía hacerlo ante la necesidad de favorecer la buena marcha de la justicia, la defensa de los imputados y salvaguardar la garantía del juez natural.

El Fiscal luego de puntualizar sobre la denuncia contra Marcelo D’Alessio que formulara el productor Pedro Etchebest, recordó que se había impulsado la acción penal por un suceso que encuadraba bajo el delito de extorsión, uno de cuyos actos había acaecido dentro de la jurisdicción, en Pinamar (la reunión del imputado con el Fiscal Carlos Stornelli, para quien supuestamente pedía dinero”. Que tras las primeras diligencias se había vislumbrado la existencia de otras hipótesis delictivas, dejando sentado que con el progreso de la pesquisa “sería posible obtener un panorama más pormenorizado que permitiera determinar la competencia”. Que a esa altura de la pesquisa era posible distinguir la existencia de otros múltiples hechos que podrían constituir delito, en los que podrían encontrarse involucrados además de D’Alessio los ex comisarios Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, como también periodistas, miembros de los poderes judiciales y ministerios públicos fiscales, con ámbito de actuación fuera de la jurisdicción del Juzgado Federal de Dolores, puntualizándole al Juez, que la competencia territorial corresponde al tribunal de la circunscripción judicial donde se hubiera cometido el delito.

Y como después de la denuncia de Etchebest se formularon cinco nuevas en el Juzgado de Dolores, el Fiscal puntualizó que estaba en condiciones de sostener que tales maniobras delictivas “se cometieron en extraña (otra) jurisdicción”, por lo que correspondía que el Dr. Ramos Padilla se declarara incompetente para continuar interviniendo y remitiera las actuaciones a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Capital Federal, para que éste organismo determinara que Juzgado debía proseguir con la investigación.

 

Qué resolvió el Juez Ramos Padilla

El titular del Juzgado Federal de Dolores al resolver esta cuestión –como también la inhibitoria que le formulara el Juez Federal Julián Ercolini, y el apartamiento requerido por el Defensor del Fiscal Stornelli-, consideró que a partir del requerimiento de instrucción ampliatorio formulado por el Dr. Juan Pablo Curi y la enorme cantidad de prueba recogida, el objeto principal de la investigación era “la actividad de espionaje ilegal mediante la utilización de diversos mecanismos ilícitos por parte de agentes o ex agentes orgánicos o inorgánicos”, cuyos planes delictivos eran de lo más variados y se habrían llevado a cabo en diversos puntos territoriales del país.

Que en su resolución aquél había dicho que debía proseguirse con la investigación hasta tanto la cuestión de competencia quedara definitivamente zanjada y que debían realizase los actos urgentes de instrucción como también resolverse la situación procesal de los imputados. Que por razones de competencia territorial la causa debía ser remitida a la justicia federal de la ciudad de Buenos Aires, porque allí habrían ocurrido la mayoría de los planes delictivos llevados adelante por la asociación ilícita investigada.

Que en su dictamen el Fiscal había expuesto cinco nuevos planes delictivos por los que debía responder la asociación ilícita investigada, considerando que era en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires donde se habrían desarrollado en mayor parte su accionar las personas que estarían involucradas, pero que había entendido que no debería desmembrarse la investigación de la original, pues según su juicio “será solo en base a un examen integro de todas las conductas pesquisadas como se logrará desentrañar y comprender la verdadera magnitud y complejidad de todo el entramado que ha sido detectado en estos actuados”. Que demás había señalado, que hasta tanto se resolviera la cuestión de competencia debían realizarse todos actos de instrucción indispensables que requirieran su ejecución urgente.

Luego de analizado los nuevos casos el Dr. Ramos Padilla consideró, que a día a día se iban conociendo nuevos y posibles hechos ilícitos pergeñados por diferentes actores, muchos de los cuales podrían corresponder a jurisdicciones distintas a los tribunales federales de la ciudad de Buenos Aires, que dicha

organización delictiva habría llevado adelante su actividad en varias jurisdicciones del país, por lo que en ese sentido era necesario recordar la doctrina de la Corte Suprema, que indica que cualquier declaración de incompetencia debía estar precedida de una investigación al menos suficiente para individualizar los hechos penalmente relevantes, por lo cual el Juez entendió que “no existía otra alternativa” que continuar con la totalidad de la investigación, lo que en los hechos quedó reflejado en las nuevas indagatorias y testimonios que dispuso.

Por último es de recordar, que el pasado miércoles 6 el Fiscal Federal Juan Pablo Curi le advirtió al Juez Ramos Padilla que estaba actuando con las últimas medidas adoptadas “sin impulso fiscal”, que es el Ministerio Fiscal quién ejerce la acción penal y se encontraba vigente el pedido de “declinatoria jurisdiccional” que le había formulado.

Sin lugar a dudas esta causa es para el común un “intríngulis judicial”, que por la dimensión que va tomando no permite pensar y menos dimensionar en qué va a terminar.

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